RAÚL GONZÁLEZ GALÁN ABOGADOS -                 "Hacia el valor de la excelencia..."
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NUEVO CRITERIO DEL TEAC SOBRE QUE LAS COSTAS PROCESALES SÓLO TRIBUTAN EN EL IRPF POR EL EXCESO SOBRE LOS GASTOS DEL PLEITO

El nuevo criterio del TEAC afirma que, conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para la determinación de la ganancia patrimonial que puede suponer para el vencedor del pleito la condena a costas judiciales a la parte contraria, el litigante vencedor podrá deducir del importe que reciba en concepto de costas los gastos en que haya incurrido con motivo del pleito, importe deducible que podrá alcanzar como máximo el importe que reciba, sin superarlo; con lo que, si se le resarcen todos los gastos calificablesde costas, en puridad no habrá tenido ganancia patrimonial alguna.

Fuente: TEAC

HACIA UNA JUSTICIA DIGITAL TRAS EL COVID-19


El pasado 14 de marzo, el Consejo de Ministros de España aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
 
En el ámbito de la Administración de Justicia, se dispuso específicamente, entre otras medidas, la suspensión de los términos y plazos procesales, con las solas excepciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos a todas las personas en el artículo 24 de la Constitución Española.
 
Posteriormente, la celebración de actos procesales de forma telemática, es una de las medidas organizativas de los Juzgados, recogidas en el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, para intentar paliar la preocupante situación de la Justicia en España agravada, sin duda, por la pandemia.
 
Una buena medida la anterior, pero en este mundo que tiende hacia la tecnología y la inmediatez de los servicios, resulta necesario atender, además, propuestas de valor que se inicien con la relación tradicional de confianza en nuestro ámbito, pero que luego se desarrollen digitalmente de forma generalizada en el ámbito de la Administración de Justicia.
 
En este sentido, se hace imprescindible desde ahora, potenciar y ampliar el sistema telemático LexNET, implementando sus funcionalidades como una suerte de herramienta que sirva para paliar el colapso de las actuaciones judiciales en nuestro país. Resulta no sólo necesario ampliar la capacidad de LexNET para subir documentos y para almacenarlos en los servidores, ampliando los plazos de conservación de la información, sino también reforzar, además, sus mecanismos de seguridad y de privacidad para convertirse en un canal fundamental para todas las actuaciones judiciales.
 
Además, en países de nuestro entorno, resulta fácil observar una tendencia irreversible, en favor de la introducción de diversas formas de 'tribunal remoto', en audiencias de audio y/o de vídeoconferencia, mediante el desarrollo de nuevos métodos y técnicas que puedan favorecer que los servicios legales se presten de una forma deslocalizada, online y multi-jurisdiccional.
 
Para conseguir ese objetivo, resulta fundamental una educación en competencias digitales para que todos los profesionales del sector estemos perfectamente formados, creando nuevos planes de estudios y dotando de mayores medios en favor de la digitalización real de la Justicia. Para ello, también se hace necesario invertir en tecnología y talento no exclusivamente jurídico que sirva de auténtico apoyo en cuestiones técnicas al mundo jurídico.
 
Esta crisis ha puesto de relevancia no sólo la precariedad y deficiencia de medios de la Justicia, sino también que no podemos permitir que se pare la actividad procesal ante sucesos como los que vivimos actualmente con el Covid-19.
 
En definitiva, se hace necesario un auténtico cambio del sector legal, en favor de la transformación digital de todos los operadores jurídicos, para lograr evitar que una nueva amenaza pueda paralizar uno de los poderes fundamentales de nuestro Estado social y democrático de Derecho.
 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN E INGRESO DE DETERMINADAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Ha entrado en vigor, tras su publicación en BOE, el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril,en virtud del cual, el Gobierno aprueba laextensión de los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo vencimiento se produzca a partir del 15 de abril y hasta el 20 de mayo.

Esta moratoria para la presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias correspondientes al primer trimestre (1T) de 2020,sólo afecta a aquellas que corresponda presentar en el ámbito estatal y cuya gestión corresponda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El ámbito de aplicación de esta ampliación de plazo, se limita exclusivamente a aquellos obligados tributarios con un
volumen de operaciones a efectos del IVA no superior a 600.000 euros en el año 2019.Es oportuno recordar que, a estos efectos, se entenderá por volumen de operaciones, el importe total, excluido el IVA.

Fuente: BOE

MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL Y ECONÓMICO DEL REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO

- Alquileres: se suspenden los desahucios por alquiler para las personas vulnerables durante seis meses y se aprueba una prórroga de la misma duración para los contratos que estén a punto de vencer; para el mismo colectivo se concederán microcréditos estatales al 0% y sin comisión, a devolver en un plazo de seis años ampliable a diez. El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha asegurado que las condiciones de “vulnerabilidad” son amplias, ya que por ejemplo pueden acogerse a estas ayudas ciudadanos afectados por ERTE, reducciones de jornada, caída de ingresos, etc. Además, el Gobierno asegurará que los pequeños propietarios perciban íntegramente las rentas, mientras que los grandes propietarios y fondos buitre deberán asumir parte impacto efectuando quitas o reestructurando el alquiler.
- Prohibición de cortes de suministros: los cortes energéticos y de agua en la vivienda habitual estarán prohibidos para el conjunto de la población mientras esté en vigor el estado de alarma. Se amplía también el bono social para que las personas que queden en situación de vulnerabilidad, como trabajadores afectados por despidos o autónomos que hayan tenido que cesar en su actividad, puedan acogerse a él.
- Empleadas del hogar y trabajadores temporales: se crea una prestación por desempleo extraordinaria para las trabajadoras del hogar equivalente al 70% de su base de cotización. Para los trabajadores temporales, aunque no tengan la cotización necesaria, se aprueba una ayuda de unos 440 euros, el 80% del Iprem.
- Ampliación de la moratoria de hipotecas: Se amplía a tres meses la moratoria en el pago de hipoteca para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos frente al mes que contemplaba hasta ahora. También se amplía la moratoria a los autónomos. Para compatibilizar esta nueva moratoria con la hipotecaria, se ha procedido a ajustar el régimen de acreditación. Así, las entidades no deben tener en cuenta la aplicación de una posible moratoria hipotecaria a efectos de calcular si se ha alcanzado o no el límite de la carga del 35% de los ingresos.
- Autónomos: moratoria en el pago de cotización de mayo, junio y julio durante seis meses sin intereses; aplazamiento en el pago de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio.
- Prohibición de la publicidad del juego online: durante el estado de alarma la publicidad de este tipo de juego quedará limitada a un horario de 1:00 a 5:00 de la mañana, tanto en televisión, radio y plataformas de intercambio de videos, como Youtube.
- Moratoria de pago en los créditos al consumoy reembolso de viajes: Se otorga una moratoria de tres meses a los créditos al cosumo para las personas consideradas en vulnerabilidad económica, ampliable si fuera necesario. Para los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios, cuya ejecución sea imposible como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma, os consumidores y usuarios podrán ejercer el derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días. En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad; no obstante, el contrato no queda rescindido. Por su parte, en el caso de la prestación de servicios que incluyan a varios proveedores, como los viajes combinados, el consumidor o usuario podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista. Dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de un año desde la conclusión del estado de alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso.
- Planes de pensiones: los partícipes de un plan de pensiones que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, estén en situación de desempleo por un ERTE o de cese de negocio, podrán rescatar sus ahorros, bajo una serie de condiciones, con un importe máximo a disponer no superior a los salarios dejados de percibir.
- Portabilidad telefónica: los usuarios podrán volver a cambiar de compañía telefónica aprovechando el procedimiento de la poratbilidad, que permite esa posibilidad de forma gratuita y conservando el número de teléfono, siempre que no suponga un desplazamiento de técnicos al hogar para cualquier instalación. La medida va acompañada de la prohibición de que las operadoras puedan subir las tarifas mientras que esté vigente el estado de alarma.
- Violencia de género: se garantizan como servicios esenciales los servicios de atención a víctimas de explotación sexual y se refuerza la ayuda a víctimas de violencia machista.

Fuente: BOE

AVALES ICO PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS POR EL COVID-19

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19.

1. Establecer, de acuerdo con lo regulado en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, detallados en el anexo I, para el primer tramo de la línea de avales que ascenderá a un importe de 20.000 millones de euros, otorgada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Mediante este primer tramo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital avalará la financiación otorgada por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para paliar los efectos en su actividad como consecuencia del COVID-19. Los avales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital serán gestionados a través del Instituto de Crédito Oficial en los términos previstos en este Acuerdo.

2. Los importes correspondientes a los quebrantos que se produzcan por la ejecución del aval, así como los gastos de gestión y administración del Instituto de Crédito Oficial por la instrumentación de este aval, se atenderán desde la partida presupuestaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establecida al efecto y conforme a los términos indicados en los anexos de este Acuerdo y la autorización de límites para adquirir compromisos de gasto en ejercicios futuros recogida en el anexo II de este acuerdo.

3. Facultar al Instituto de Crédito Oficial para que, en el ámbito de sus competencias, a través de sus órganos competentes, resuelva cuantas incidencias prácticas pudiesen plantearse para la ejecución de esta línea de avales y durante toda la vigencia de las operaciones. En aquellas cuestiones que puedan tener implicaciones presupuestarias o para su equilibro financiero, el Instituto de Crédito Oficial podrá hacer las propuestas correspondientes a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para su consideración.

4. Mandatar al Instituto de Crédito Oficial para que dentro de los 10 días siguientes a la adopción de este Acuerdo de Consejo de Ministros disponga lo necesario para la puesta en marcha de forma efectiva de esta línea de avales.

5. Autorizar al Instituto de Crédito Oficial a cargar en el Fondo de Provisión creado por el Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de octubre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, los quebrantos por ejecución de los avales, así como los costes financieros y gastos de gestión y administración que para el Instituto de Crédito Oficial suponga la instrumentación de esta línea de avales por cuenta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Fuente: BOE

MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, adopta medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Desarrola una serie de bloques de medidas relativas a las siguientes materias:

El primer bloque de medidas está destinado a las personas mayores, las dependientes y a las familias vulnerables. En este apartado se amplía la protección a los suministros de energía y de agua, garantizando los servicios públicos esenciales. También se garantizan los servicios de telecomunicaciones para las familias vulnerables y el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades. Para ello se establece una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducirse sus ingresos.

El segundo bloque de medidas refuerza la protección al empleo. Para ello el gobierno ha acordado que: (i) los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis. (ii) Se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo permitan. (iii) Se promoverán los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo. Los ERTES causados por la crisis del coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo. En caso de ERTEs, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social. (iv) Para el colectivo de autónomos se flexibilizará el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.
El tercer bloque de medidas permite asegurar la liquidez de las empresas para que puedan mantenerse operativas con el objetivo de que un problema de liquidez no se convierta en un problema de solvencia. Por ello se ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. El Estado será el garante de las operaciones. Además, se aprueban líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, las administraciones públicas van a ayudar a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público. Se va a establecer un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la consecuente pérdida de empleo.

Para apoyar el sistema productivo y empresarial, el gobierno también reforma la normativa sobre inversiones exteriores, para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica.

Finalmente, el gobierno moviliza recursos para desarrollar una vacuna.

Fuente: BOE

DEROGACIÓN DEL DESPIDO OBJETIVO POR FALTAS DE ASISTENCIA AL TRABAJO

El Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el apartado d) del artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015.

Fuente: BOE

CADENA ALIMENTARIA Y PROHIBICIÓN DE VENTA A PÉRDIDA

El Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, contempla medidas urgentes para garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria.

Se introduce, como cláusula obligatoria en los contratos, la indicación expresa de que el precio pactado entre agricultores y ganaderos y su primer comprador cubre los costes de producción, y se prohíben las actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos, también la destrucción del valor a lo largo de la cadena. Asimismo se endurecen las infracciones y se prevé la publicidad de las infracciones graves o muy graves.

En materia de fiscalidad, se introducen modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas.

En el ámbito del empleo, se reduce el número mínimo de jornadas cotizadas (peonadas) para acceder al subsidio por desempleo de trabajadores eventuales agrarios, y se contemplan bonificaciones para la conversión de contratos eventuales en indefinidos o fijos discontinuos.

Fuente: BOE

BEST LAWYERS SPAIN 2020

El socio-presidente de nuestra Firma, D. Raúl González Galán, ha sido incluido en el Directorio internacional de Abogados de reconocido prestigio BEST LAWYERS 2020.

Fuente: propia

BONIFICACIONES EN MADRID DE LAS DONACIONES Y SUCESIONES ENTRE HERMANOS O ENTRE TÍOS Y SOBRINOS

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el 5 de diciembre de 2018, la Ley de Medidas Fiscales en la Comunidad de Madrid, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2019.

La Ley contiene entre otras medidas una rebaja y ampliación de las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como una nueva bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para las transmisiones inter vivos y mortis causa de sujetos pasivos que sean colaterales de segundo o tercer grado por consanguineidad del causante incluidos en el Grupo III de parentesco.

La principal novedad es que, por primera vez, una Comunidad Autónoma bonifica las donaciones y sucesiones mortis causa entre hermanos (bonificación del 15%) o entre tíos y sobrinos (bonificación del 10%).

Fuente: COMUNIDAD DE MADRID