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MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, adopta medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Desarrola una serie de bloques de medidas relativas a las siguientes materias:

El primer bloque de medidas está destinado a las personas mayores, las dependientes y a las familias vulnerables. En este apartado se amplía la protección a los suministros de energía y de agua, garantizando los servicios públicos esenciales. También se garantizan los servicios de telecomunicaciones para las familias vulnerables y el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades. Para ello se establece una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducirse sus ingresos.

El segundo bloque de medidas refuerza la protección al empleo. Para ello el gobierno ha acordado que: (i) los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis. (ii) Se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo permitan. (iii) Se promoverán los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo. Los ERTES causados por la crisis del coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo. En caso de ERTEs, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social. (iv) Para el colectivo de autónomos se flexibilizará el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.
El tercer bloque de medidas permite asegurar la liquidez de las empresas para que puedan mantenerse operativas con el objetivo de que un problema de liquidez no se convierta en un problema de solvencia. Por ello se ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. El Estado será el garante de las operaciones. Además, se aprueban líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, las administraciones públicas van a ayudar a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público. Se va a establecer un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la consecuente pérdida de empleo.

Para apoyar el sistema productivo y empresarial, el gobierno también reforma la normativa sobre inversiones exteriores, para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica.

Finalmente, el gobierno moviliza recursos para desarrollar una vacuna.

Fuente: BOE

DEROGACIÓN DEL DESPIDO OBJETIVO POR FALTAS DE ASISTENCIA AL TRABAJO

El Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el apartado d) del artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015.

Fuente: BOE

CADENA ALIMENTARIA Y PROHIBICIÓN DE VENTA A PÉRDIDA

El Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, contempla medidas urgentes para garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria.

Se introduce, como cláusula obligatoria en los contratos, la indicación expresa de que el precio pactado entre agricultores y ganaderos y su primer comprador cubre los costes de producción, y se prohíben las actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos, también la destrucción del valor a lo largo de la cadena. Asimismo se endurecen las infracciones y se prevé la publicidad de las infracciones graves o muy graves.

En materia de fiscalidad, se introducen modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas.

En el ámbito del empleo, se reduce el número mínimo de jornadas cotizadas (peonadas) para acceder al subsidio por desempleo de trabajadores eventuales agrarios, y se contemplan bonificaciones para la conversión de contratos eventuales en indefinidos o fijos discontinuos.

Fuente: BOE

BEST LAWYERS SPAIN 2020

El socio-presidente de nuestra Firma, D. Raúl González Galán, ha sido incluido en el Directorio internacional de Abogados de reconocido prestigio BEST LAWYERS 2020.

Fuente: propia

BONIFICACIONES EN MADRID DE LAS DONACIONES Y SUCESIONES ENTRE HERMANOS O ENTRE TÍOS Y SOBRINOS

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el 5 de diciembre de 2018, la Ley de Medidas Fiscales en la Comunidad de Madrid, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2019.

La Ley contiene entre otras medidas una rebaja y ampliación de las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como una nueva bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para las transmisiones inter vivos y mortis causa de sujetos pasivos que sean colaterales de segundo o tercer grado por consanguineidad del causante incluidos en el Grupo III de parentesco.

La principal novedad es que, por primera vez, una Comunidad Autónoma bonifica las donaciones y sucesiones mortis causa entre hermanos (bonificación del 15%) o entre tíos y sobrinos (bonificación del 10%).

Fuente: COMUNIDAD DE MADRID

COMPLIANCE TRIBUTARIO

La norma de calidad UNE 19602, relativa al compliance tributario, se publicará en los próximos días y supondrá un punto de inflexión en la gestión del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas españolas, independientemente de su tamaño y sector de actividad.

Fuente: UNE

EL IMPUESTO DE LAS HIPOTECAS

El Tribunal Supremo ha acordado en una tensa y ajustada deliberación- con 15 votos a favor y 13 en contra -volver al criterio por el que el solicitante de un préstamo hipotecario es quien debe asumir el cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. 

La decisión supone tumbar la última sentencia de la sala de lo Contencioso del Alto Tribunal del pasado 18 de octubre, en la que se dictaminó en contra del criterio que lleva más de dos décadas en vigor al considerar que eran los bancos los que tenían la obligación de hacerse cargo de estos gastos disparando las críticas y las alarmas en el sector financiero por el temor a cargos multimillonarios en sus balances.

Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que modificará el último criterio del Tribunal Supremo mediante un Decreto-Ley para que el impuesto sea a cargo de los Bancos. Quedamos a la espera de su resultado.

Fuente: TS
 

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR

El Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre establece que serán las comunidades autónomas y ayuntamientos las administraciones públicas que regulen el servicio de vehículos de turismo con conductor (VTC), en su calidad de transporte urbano. Dispone que, tras un periodo transitorio de 4 años, las actuales autorizaciones VTC de ámbito nacional quedarán habilitadas únicamente para realizar transporte interurbano. En consecuencia, al final de ese periodo, para poder realizar servicios VTC en ámbito urbano, se deberá solicitar la correspondiente autorización a las comunidades autónomas o los ayuntamientos, lo que no implica que las VTC de ámbito nacional pierdan su eficacia, aunque solo la mantienen para el transporte interurbano.

Habilita a las comunidades autónomas a modificar las condiciones de explotación de las VTC de ámbito nacional para los servicios en su territorio, incluyendo condiciones como precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo. Estas modificaciones, en caso de ser aprobadas por la administración autonómica, se aplicarán tanto durante el periodo transitorio como tras el mismo.

En lo referente a los servicios urbanos que se presten por titulares de VTC de ámbito nacional durante el periodo transitorio, deberán cumplir las condiciones que establezcan, dentro de sus competencias, las entidades locales sobre utilización del dominio público viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica.

Fuente: BOE

MEDIDAS URGENTES PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, aborda, de forma urgente, la actual subida de los precios de la electricidad, ofrece una mayor cobertura a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad e incrementar la protección de los consumidores, con medidas que permitirán ajustar mejor la tarifa al consumo, reduciendo su factura eléctrica.

Asimismo, adopta medidas para acelerar la transición hacia un modelo energético basado en energías renovables.

Entre otras, se elimina el denominado "impuesto al sol", se reconoce legalmente el autoconsumo compartido y se flexibiliza la actividad de recarga de vehículos eléctricos, eliminando la figura del gestor de carga.

Fuente: BOE

INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR PRODUCTOS DERIVADOS "SWAPS"

La Audiencia Provincial de las Palmas ha condenado recientemente a un Banco a indemnizar con 420.760,73 euros a una sociedad, dedicada al sector inmobiliario, para subsanar los daños y perjuicios sufridos tras la contratación de varios de los seguros de cobertura de la entidad, por importe dieciocho millones de euros.
Si bien la Sala entiende que la acción de anulabilidad del contrato por vicio de consentimiento está caducada, manifiesta que debe acogerse la impugnación de la sentencia porque ha quedado demostrado el incumplimiento por el Banco de las obligaciones derivadas del asesoramiento que conlleva la oferta y comercialización a contratante minorista de productos financieros complejos, que genera el deber de indemnizar los daños y perjuicios causados.

Fuente: Jurisprudencia