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LEY 36/2011 REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL.

Se ha publicado en el BOE de 11 de octubre de 2011 la Ley 36/2011 reguladora de la Jurisdiccion Social que entrará en vigor a los dos meses de su publicación.Se exceptúa del plazo previsto en el apartado anterior la atribución competencial contenida enlas letras o) y s) del artículo 2 en materia de prestaciones derivadas de laLey 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, cuya fecha de entrada en vigor se fijará en una ulterior Ley, cuyo Proyecto deberá remitir el Gobierno a las Cortes Generales en el plazo de tres años.
La principal novedad es la concentración en el orden jurisdiccional social de todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo; se convierte al orden social en garante del cumplimiento de la normativa de prevenciónde riesgos laborales, aun cuando no hayan derivado daños. Esta asignación de competencias se efectúa con carácter pleno, incluyendo a los funcionarios o personal estatutario; se unifica el conocimiento de cualquier otra vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas conectada a la relación laboral, dando respuesta a la doctrina constitucional emanada de la sentencia del Tribunal Constitucional 250/2007 de 17 de diciembre y se atribuye al orden social la impugnación de los actos administrativos en materia laboral y de seguridad social, en especial las resoluciones contractuales colectivas por causas objetivas que anteriormente correspondía a laJurisdicción contencioso administrativa. Se asigna al orden jurisdiccional social, las cuestiones relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad y las incluidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y continuando las restantes como objeto de conocimiento del orden contencioso-administrativo. No obstante, la entrada en vigor de la atribución competencial sobre las prestaciones de dependencia en favor del orden jurisdiccional social se demora en cuanto a su efectividad, concediendo a tal fin al Gobierno el plazo de tres años para que remita a las Cortes el correspondiente Proyecto de Ley.
Se agiliza la tramitación procesal a partir del establecimiento de un conjunto de medidas y de reglas entre las que se incluyen disposiciones especiales sobre acumulación y reparto, en materias relativas a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, supresión de trámites superfluos o eliminación de traslados materiales de actuaciones innecesarios con las nuevas tecnologías, a cuya progresiva implantación la Ley se muestra abierta en distintas disposiciones.
Se refuerza la conciliación extrajudicial, la mediación y el arbitraje.
Imposición de las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, en conciliación o mediación, incluidos honorarios, hasta el límite de seiscientos euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria que hubieren intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación.
Posibilidad de introducir por las partes, en el acto de juicio, de notas breves de cálculo o resumen de datos numéricos.
Introducción del proceso monitorio para reclamaciones frente a empresarios que no se encuentren en situación de concurso, referidas a cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada, derivadas de su relaciónlaboral, excluyendo las reclamaciones de carácter colectivo que se pudieran formular por la representación de los trabajadores, así como las que se interpongan contra las Entidades gestoras o colaboradoras de la SeguridadSocial, que no excedan de seis mil euros, cuando conste la posibilidad de su notificación por los procedimientos previstos en los artículos 56 y 57 de esta Ley.
En caso de improcedencia del despido por no apreciarse que los hechos acreditados hubieran revestido gravedad suficiente, pero constituyeran infracción de menor entidad según las normas alegadas por las partes, el juez podrá autorizar la imposición de una sanción adecuada a la gravedad de la falta , de no haber prescrito la de menor gravedad antes de la imposición empresarial de la sanción de despido.
Posibilidad en los supuestos de declaración de nulidad del despido por acoso laboral, sexual o por razón de discriminación por razón de sexo o de violenciade género en el trabajo, de que la víctima pueda optar por extinguir la relación laboral con el abono de la indemnización procedente y de los salarios de tramitación o por la readmisión.
Se modifica el límite económico para el acceso al recurso de suplicación, que pasa a estar en tres mil euros, tampoco procedera el recurso en los procesos de alta medica.Se generaliza el acceso a la suplicación en supuestos de cierre anticipado del proceso, que anteriormente se reconducía por el Recurso de Amparo.
Reducción del plazo en un día para interponer el recurso de suplicación
Se amplia el ámbito del recurso de casación unificadora al regularse una modalidad del mismo que puede interponerse por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad y sin necesidad de que concurra el presupuesto de contradicción de sentencias. Se establece la posibilidad de utilizar las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como doctrina de contraste.
El plazo de interposición del Recurso para unificación de doctrina se reduce de veinte a quince días.
 
Fuente: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID

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