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REAL DECRETO-LEY 11/2012, DE 30 DE MARZO, DE MEDIDAS PARA AGILIZAR EL PAGO DE LAS AYUDAS A LOS DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO, RECONSTRUIR LOS INMUEBLES DEMOLIDOS E IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LORCA

El terremoto de Lorca acaecido el 11 de mayo de 2011 provocó cuantiosos daños personales y materiales. Transcurridos diez meses desde la catástrofe, las medidas compensatorias y de fomento aprobadas por el Gobierno de la Nación en 2011 no se han materializado íntegramente, de modo que no se ha podido garantizar el pleno restablecimiento de la normalidad en la localidad. Los efectos perturbadores que esta situación está generando se proyectan en todos los ámbitos de actividad en el municipio, constituyendo un lastre para la recuperación y desarrollo del tejido social y económico de Lorca.El análisis de la evolución de los sistemas de gestión de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia, y en el Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011, ha evidenciado que existen dificultades administrativas que están impidiendo que las ayudas lleguen efectivamente a sus destinatarios.
 
El presente real decreto-ley tiene, desde esta perspectiva, un objetivo cardinal: garantizar de forma urgente que las ayudas sean satisfechas con la mayor celeridad posible y cumplan con la función de solidaridad y justicia que inspiraron su establecimiento, así como favorecer la reconstrucción de Lorca e impulsar su actividad económica.Para dar cumplimiento a esta finalidad, se instrumenta un procedimiento de pago a beneficiarios, mediante abono por las entidades financieras con sede en Lorca, previo convenio con el Instituto de Crédito Oficial. De este modo, el Instituto de Crédito Oficial provee inicialmente de los recursos financieros necesarios para atender la exigencia perentoria de pago de las ayudas. Este procedimiento tiene carácter excepcional y urgente, atendida la situación económico-presupuestaria actual y la demora en la liquidación y pago de las ayudas a los beneficiarios.Por otra parte, se prevé la posibilidad de que en el marco de las actuaciones de reconstrucción de las viviendas demolidas, y en atención a las excepcionales circunstancias derivadas de la situación de naturaleza catastrófica, estas actuaciones puedan ser objeto de ejecución forzosa. Asimismo, la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) adquiere la condición de agente edificador en los mencionados procedimientos de ejecución forzosa y se estipula el procedimiento para atribuirle estas funciones.Finalmente, la gravedad persistente de la situación actual pone de manifiesto que perduran desequilibrios económicos y sociales que exigen medidas correctoras de índole fiscal, con la finalidad de reducir la carga tributaria a satisfacer por los ciudadanos de Lorca.En el real decreto-ley se complementan las ayudas en su día aprobadas a favor de los afectados por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011, de forma que se habilita la posibilidad de que los obligados tributarios afectados por dichos movimientos sísmicos puedan solicitar de la Administración Tributaria del Estado el aplazamiento de las deudas tributarias devengadas por el Impuesto sobre Sociedades y por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
 
En el ámbito de los tributos locales, se prorrogan para 2012 los beneficios fiscales establecidos en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas.En los próximos meses la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca elaborarán un plan que, además de complementar las medidas aquí contenidas, las ejecutadas y las pendientes de ejecutar, incluirá otras iniciativas dirigidas a impulsar la actividad económica y social del municipio.La situación expuesta condiciona claramente la naturaleza del instrumento jurídico adecuado para implementar estas medidas. Como se ha expresado anteriormente, las dificultades administrativas que han impedido que las ayudas inicialmente contempladas en los reales decretos-leyes 6/2011 y 17/2011 llegaran a sus destinatarios, junto con el tiempo transcurrido desde el suceso catastrófico, agravan especialmente la situación de los afectados, dando lugar a la necesidad inmediata de reparar los daños sufridos por éstos, y por tanto, permiten al Gobierno invocar la extraordinaria y urgente necesidad como presupuesto necesario para recurrir a la aprobación de un real decreto-ley.
 
Fuente: BOE
 
 
 

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