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REAL DECRETO 1003/2012, DE 29 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 997/2003, DE 25 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO

La reciente aprobación de la nueva estructura orgánica del Ministerio de Justicia operada por Real Decreto Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, exige modificar el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado aprobado, al amparo de la disposición final primera de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, por Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, con el fin de garantizar la debida coherencia y armonía entre las normas que integran el ordenamiento jurídico referidas a la Abogacía General del Estado–Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
 
La modificación tiene carácter organizativo y proyección funcional. Afecta a la denominación y a las funciones que vienen desempeñando en la actualidad tanto el Gabinete de Estudios como la Subdirección General de Coordinación y Auditoría.La modificación pretende dotar a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, en línea con la estructura orgánica del Ministerio de Justicia recientemente aprobada, de una estructura más ágil que le permita un cumplimiento más eficiente de sus funciones.
 
En la actualidad, la Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia recibe la denominación de Gabinete de Estudios. Su denominación no es fiel reflejo de las funciones y competencias que tiene normativamente atribuidas.En efecto, dicho Gabinete tiene atribuidas además del desempeño de las funciones propias de las Abogacías del Estado en los departamentos ministeriales otras funciones como son el informe en Derecho de los anteproyectos y proyectos de disposiciones que se sometan a consulta de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, o cuando afecten o puedan afectar al Servicio Jurídico del Estado, su organización, funcionamiento y régimen de actuaciones, la elaboración de los anteproyectos normativos que le encarguen o que promueva la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, los informes, dictámenes o estudios que por su índole especial así se considere conveniente, así como la asistencia a los correspondientes órganos superiores y directivos del Ministerio de Justicia, cuando así lo requieran, para la preparación de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.Las anteriores funciones, en particular, considerando que el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado puede pedir a esta Unidad la elaboración de los informes, dictámenes y estudios que tenga por conveniente justifica plenamente un cambio de denominación. El Gabinete de Estudios debe pasar a denominarse «Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia-Gabinete del Abogado General del Estado».Por otra parte, el Gabinete de Estudios ha tenido atribuida tradicionalmente la gestión del conocimiento de la Abogacía General del Estado–Dirección del Servicio Jurídico del Estado. En concreto, hasta el momento actual, correspondía al Gabinete de Estudios la promoción de trabajos de investigación y la organización de actividades que tengan por finalidad el conocimiento y difusión de materias y cuestiones jurídicas de ámbito nacional o internacional, así como la organización de actividades de formación y perfeccionamiento de los funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, en coordinación con el Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto Nacional de la Administración Pública y otros centros de formación de funcionarios.La gestión de conocimiento pasa ahora a ser desempeñada por la Subdirección General de Coordinación y Auditoría.
 
Esta redistribución de funciones pretende, pues, garantizar una debida gestión del conocimiento en el seno de la Abogacía General del Estado en aras a potenciar esta competencia lo que, indudablemente, exige una redistribución de las cargas de trabajo. Ello exige, lógicamente, una nueva denominación de la Subdirección General de Coordinación y Auditoría que debe pasar a denominarse «Subdirección General de Coordinación, Auditoría y de Gestión del Conocimiento».Se modifican los artículos 13 y 72.1 del Reglamento relativos al régimen de suplencia del Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad y de los Subdirectores Generales o de los Abogados del Estado-Jefe respectivamente, cuya designación correspondía al Secretario de Estado de Justicia. Estas previsiones no se corresponden con el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, cuyo artículo 2 configura a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con rango de Subsecretaría, como uno de los órganos directivos del departamento dependiendo directamente del Ministro de Justicia. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 10 del Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Por tanto, al no depender ya la Abogacía del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado de la Secretaria del Estado de Justicia, sino del titular del departamento las suplencias del Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado como de los Subdirectores Generales y de los Abogados del Estado-Jefe debe corresponder al Ministro de Justicia.Finalmente, se procede a reformar el artículo 61.3 párrafo segundo del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado. Se logra así un mayor rigor jurídico en su contenido pues en adelante la Subdirección General de Coordinación, Auditoría y de Gestión del Conocimiento velará para que los criterios interpretativos y la actuación procesal de los Abogados del Estado se ajusten a las instrucciones que, en su caso, hubiese emitido la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
 
Fuente: BOE
 

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