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REAL DECRETO 657/2013, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia articula la reorganización de los organismos supervisores independientes hasta ahora encargados de garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de competencia efectiva en los distintos mercados y sectores productivos en beneficio último de los consumidores y usuarios.Así, establece la integración de los organismos existentes en un único organismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se crea como un organismo público de los previstos por el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con la finalidad de dar adecuada respuesta a las funciones de supervisión regulatoria sectorial y de defensa de la competencia hasta ahora encomendadas a los siete organismos preexistentes.De esta forma, como ya se definía en la Ley, se conforma como una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, reconociéndole una especial autonomía orgánica y funcional en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines así como plena profesionalidad e independencia de las Administraciones Públicas y sometimiento a esta ley y al resto del ordenamiento jurídico.En esta línea, la Ley 3/2013, de 4 de junio, al mismo tiempo que sienta las bases legales del régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, establece que éstas serán desarrolladas, en relación con la estructura y funciones de la Comisión, mediante real decreto, mandato que se cumple con la aprobación del presente estatuto orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mientras que se deja el funcionamiento interno de la Comisión al reglamento de funcionamiento interno adoptado por el propio Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
 
A tenor de lo expuesto, el Estatuto Orgánico se vertebra sobre los objetivos y principios en los que se enmarca la Ley 3/2013, de 4 de junio. Como se desprende de la exposición de motivos de esta Ley, la reforma de los organismos reguladores encuentra su fundamento en una multiplicidad de factores. Por una parte, en el objetivo de alcanzar una supervisión más eficaz, bajo un prisma más coherente e integrado, con autoridades de supervisión ex ante y ex post menos estancas, permitiendo combinar el conocimiento y los instrumentos para mejorar la supervisión. Por otra parte, se pretende evitar un marco institucional demasiado complejo. En este sentido, se busca una simplificación orgánica que redunde en la eliminación de posibles duplicidades y, con ello, de quiebras en la seguridad jurídica e institucional.
 
A estos aspectos se han añadido otros de carácter más coyuntural que acrecentaban la necesidad de una revisión del marco institucional existente. De un lado, la escasez de recursos y el impulso de la austeridad en la Administración Pública, que ha derivado en la revisión de estructuras con el fin de aprovechar las economías de escala; de otro, la existencia de precedentes a nivel internacional, que muestran como se ha iniciado una tendencia en los países de nuestro entorno a la simplificación de estructuras en busca del alcance efectivo de los principios de eficacia y eficiencia con el objetivo último de mejorar la calidad de la supervisión y la seguridad jurídica, lo que redundará en un funcionamiento más eficiente de los mercados.
 
En esta línea, en el desarrollo de los aspectos relativos a la organización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ha buscado, en primer lugar, preservar y reforzar la independencia en la toma de decisiones, fundamental en el actuar del organismo, y su correlato en la autonomía y suficiencia en la gestión de los recursos, todo ello dando debida atención al principio de economía, que se deriva de la búsqueda de la austeridad en el uso de los medios adscritos al organismo, asegurando en todo caso los recursos necesarios para el ejercicio adecuado de sus funciones. Así se desprende del nuevo sistema de nombramiento de los miembros del Consejo de la Comisión, con una mayor involucración del Parlamento, del sistema de nombramiento de los Directores de Instrucción y del resto del personal directivo y del régimen presupuestario basado en la suficiencia de recursos.En cuanto al funcionamiento, se ha buscado que junto al principio de eficacia, que ya caracterizaba el actuar de los organismos preexistentes, tengan cabida los principios de eficiencia, racionalización, agilidad, objetividad y transparencia. Estos principios son los inspiradores del sistema de funcionamiento del Consejo en Pleno y en Salas y del sistema de atribución de asuntos que reserva al Pleno los más complejos donde es necesario unificar criterios para ofrecer una solución equilibrada e integral de los problemas de los mercados en beneficio del consumidor. Estos principios son también inspiradores de las disposiciones sobre transparencia y del régimen presupuestario y de personal.Hay que tener en cuenta que el funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ajustará a la normativa aplicable de la Unión Europea, en especial sobre los sectores de telecomunicaciones y energía, que busca el desarrollo de una mayor integración del Mercado Único de la Unión Europea. La Comisión contribuirá también al logro de estos objetivos a través del mantenimiento de una colaboración regular y periódica con otras autoridades de supervisión de la Unión Europea y con las propias agencias de cooperación de los reguladores europeos en materia de energía y de comunicaciones electrónicas.El presente real decreto consta de un artículo único que aprueba el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; cinco disposiciones adicionales, sobre diversos aspectos entre ellos, la referencia a sus sedes y a la posibilidad de que la Comisión pueda, sobre la base de un informe de funcionamiento, proponer cambios en la estructura que permitan mejorar en eficacia; siete disposiciones transitorias, sobre la subsistencia de órganos y unidades, vigencia transitoria de la normativa reglamentaria, continuidad de la tramitación de los procedimientos sustantivos, delegación de competencias y régimen de contratación, y otras transitorias para el ejercicio de determinadas funciones por parte de la Comisión; una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, relativas a la implantación de la contabilidad analítica, el dominio en internet y a la entrada en vigor del real decreto, insertándose a continuación el texto del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.El Estatuto Orgánico se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos incluye las disposiciones generales sobre la naturaleza, régimen jurídico, independencia y autonomía de gestión, objeto y coordinación y cooperación institucional. En particular, se prevé que, de conformidad con la normativa comunitaria o nacional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá la consideración de Autoridad Nacional de Competencia, Autoridad Nacional de Reglamentación y Autoridad Reguladora Nacional.En el capítulo segundo define la estructura orgánica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, especificando las funciones de los diferentes órganos. En particular, se detalla la composición y funcionamiento del Consejo. Asimismo, se especifican las funciones del Pleno y de las Salas. También se prevén los criterios que inciden sobre la composición de cada una de las Salas y su régimen de publicidad, así como los supuestos en los que cada una de ellas deberá- solicitar informe preceptivo de la otra. Finalmente, se determinan con mayor detalle las funciones y la estructura, hasta nivel de subdirección de las cuatro Direcciones de Instrucción.
 
El capítulo tercero se refiere al personal al servicio de la Comisión, distinguiendo entre personal funcionario y laboral y determinando los cargos que tienen la consideración de personal directivo.El capítulo cuarto desarrolla las previsiones contenidas en la Ley 3/2013 sobre contratación, patrimonio, presupuesto y control. Por último el capítulo quinto regula la función arbitral.
 
Fuente: BOE

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