El pasado 14 de marzo, el Consejo de Ministros de España aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

En el ámbito de la Administración de Justicia, se dispuso específicamente, entre otras medidas, la suspensión de los términos y plazos procesales, con las solas excepciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos a todas las personas en el artículo 24 de la Constitución Española.

 

Posteriormente, la celebración de actos procesales de forma telemática, es una de las medidas organizativas de los Juzgados, recogidas en el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, para intentar paliar la preocupante situación de la Justicia en España agravada, sin duda, por la pandemia.

 

Una buena medida la anterior, pero en este mundo que tiende hacia la tecnología y la inmediatez de los servicios, resulta necesario atender, además, propuestas de valor que se inicien con la relación tradicional de confianza en nuestro ámbito, pero que luego se desarrollen digitalmente de forma generalizada en el ámbito de la Administración de Justicia.

 

En este sentido, se hace imprescindible desde ahora, potenciar y ampliar el sistema telemático LexNET, implementando sus funcionalidades como una suerte de herramienta que sirva para paliar el colapso de las actuaciones judiciales en nuestro país. Resulta no sólo necesario ampliar la capacidad de LexNET para subir documentos y para almacenarlos en los servidores, ampliando los plazos de conservación de la información, sino también reforzar, además, sus mecanismos de seguridad y de privacidad para convertirse en un canal fundamental para todas las actuaciones judiciales.

 

Además, en países de nuestro entorno, resulta fácil observar una tendencia irreversible, en favor de la introducción de diversas formas de 'tribunal remoto', en audiencias de audio y/o de vídeoconferencia, mediante el desarrollo de nuevos métodos y técnicas que puedan favorecer que los servicios legales se presten de una forma deslocalizada, online y multi-jurisdiccional.

 

Para conseguir ese objetivo, resulta fundamental una educación en competencias digitales para que todos los profesionales del sector estemos perfectamente formados, creando nuevos planes de estudios y dotando de mayores medios en favor de la digitalización real de la Justicia. Para ello, también se hace necesario invertir en tecnología y talento no exclusivamente jurídico que sirva de auténtico apoyo en cuestiones técnicas al mundo jurídico.

 

Esta crisis ha puesto de relevancia no sólo la precariedad y deficiencia de medios de la Justicia, sino también que no podemos permitir que se pare la actividad procesal ante sucesos como los que vivimos actualmente con el Covid-19.

 

En definitiva, se hace necesario un auténtico cambio del sector legal, en favor de la transformación digital de todos los operadores jurídicos, para lograr evitar que una nueva amenaza pueda paralizar uno de los poderes fundamentales de nuestro Estado social y democrático de Derecho.