El pasado 14 de marzo, el
Consejo de Ministros de España aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En el ámbito de la
Administración de Justicia, se dispuso específicamente, entre otras medidas, la
suspensión de los términos y plazos procesales, con las solas excepciones
necesarias para garantizar los derechos reconocidos a todas las personas en el
artículo 24 de la Constitución Española. Posteriormente, la celebración
de actos procesales de forma telemática, es una de las medidas organizativas de
los Juzgados, recogidas en el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, para
intentar paliar la preocupante situación de la Justicia en España agravada, sin
duda, por la pandemia. Una buena medida la anterior,
pero en este mundo que tiende hacia la tecnología y la inmediatez de los
servicios, resulta necesario atender, además, propuestas de valor que se
inicien con la relación tradicional de confianza en nuestro ámbito, pero que
luego se desarrollen digitalmente de forma generalizada en el ámbito de la
Administración de Justicia. En este sentido, se hace
imprescindible desde ahora, potenciar y ampliar el sistema telemático LexNET,
implementando sus funcionalidades como una suerte de herramienta que sirva para
paliar el colapso de las actuaciones judiciales en nuestro país. Resulta no
sólo necesario ampliar la capacidad de LexNET para subir documentos y para almacenarlos
en los servidores, ampliando los
plazos de conservación de la información, sino también reforzar, además, sus
mecanismos de seguridad y de privacidad para convertirse en un canal
fundamental para todas las actuaciones judiciales. Además,
en países de nuestro entorno, resulta fácil observar una tendencia irreversible,
en favor de la introducción de diversas formas de 'tribunal remoto', en
audiencias de audio y/o de vídeoconferencia, mediante el desarrollo de nuevos
métodos y técnicas que puedan favorecer que los servicios legales se
presten de una forma deslocalizada, online y multi-jurisdiccional. Para conseguir ese objetivo, resulta
fundamental una educación en competencias digitales para que todos los
profesionales del sector estemos perfectamente formados, creando nuevos planes
de estudios y dotando de mayores medios en favor de la digitalización real de
la Justicia. Para ello, también se hace necesario invertir en tecnología y
talento no exclusivamente jurídico que sirva de auténtico apoyo en cuestiones
técnicas al mundo jurídico. Esta crisis ha puesto de
relevancia no sólo la precariedad y deficiencia de medios de la Justicia, sino
también que no podemos permitir que se pare la actividad procesal ante sucesos
como los que vivimos actualmente con el Covid-19. En definitiva, se hace
necesario un auténtico cambio del sector legal, en favor de la transformación
digital de todos los operadores jurídicos, para lograr evitar que una nueva
amenaza pueda paralizar uno de los poderes fundamentales de nuestro Estado
social y democrático de Derecho. |