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DERECHO MARITIMO

REAL DECRETO 270/2013, DE 19 DE ABRIL, SOBRE EL CERTIFICADO DEL SEGURO O LA GARANTÍA FINANCIERA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR EN CASO DE ACCIDENTE

El Reglamento 392/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente («El Reglamento europeo»), establece el régimen comunitario de responsabilidad y el seguro aplicables al transporte de pasajeros por mar.
 
Este régimen se determina en virtud de lo establecido en el Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar de 1974, que fue modificado por su Protocolo de 2002, aprobado el 1 de noviembre de 2002 bajo los auspicios de la Organización Marítima Internacional (OMI), («el Convenio de Atenas»), y de acuerdo con la reserva y las directrices para la aplicación del Convenio de Atenas aprobadas por el Comité Jurídico de la OMI el 19 de octubre de 2006 («las directrices de la OMI»), que se especifican en el anexo II del mencionado Reglamento, teniendo estas últimas carácter vinculante.El Convenio de Atenas establece su aplicación a cualquier transporte internacional.
 
 El Reglamento europeo amplía el ámbito de aplicación de las disposiciones del citado convenio al transporte marítimo de pasajeros dentro de un Estado miembro a bordo de buques de las clases A y B, según son definidos en el artículo 4 de la Directiva 98/18/CE del Consejo, de 17 de marzo de 1998, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje, que fue traspuesta al ordenamiento interno mediante el Real Decreto 1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos españoles.El Reglamento europeo, entre otros aspectos, recoge la obligatoriedad de los transportistas de tener suscrito un seguro o una garantía financiera que cubra la responsabilidad en caso de muerte o lesiones de los pasajeros. La vigencia de dicho seguro se acreditará mediante la expedición de un certificado por las autoridades competentes de cada Estado miembro.En materia de responsabilidad civil, el artículo 254 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la marina mercante, dispone que el Gobierno determinará reglamentariamente la obligación de tener asegurada la responsabilidad civil derivada de la explotación de buques.
 
El Reglamento europeo permite, en el artículo 11, que los Estados miembros puedan aplazar su aplicación hasta cuatro años, en los supuestos de transporte por mar que se realicen dentro de un Estado miembro a bordo de buques de la citada clase A y hasta el 31 de diciembre de 2018 para los supuestos de transporte por mar que se realice dentro de un Estado miembro a bordo de los buques de la clase B citada. En este sentido, la disposición transitoria de este real decreto hace uso de dicha facultad de aplazamiento.Con la finalidad de que los buques afectados puedan disponer del correspondiente certificado de seguro o garantía financiera para poder navegar o entrar o salir de un puerto español con destino a puertos extranjeros, se hace preciso regular la expedición del certificado mencionado.La norma se ha sometido a informe de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
 
Fuente: BOE

REAL DECRETO 1334/2012, DE 21 DE SEPTIEMBRE, SOBRE LAS FORMALIDADES INFORMATIVAS EXIGIBLES A LOS BUQUES MERCANTES QUE LLEGUEN A LOS PUERTOS ESPAÑOLES O QUE SALGAN DE ÉSTOS

La Directiva 2002/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de febrero, sobre las formalidades de información para los buques que lleguen a los puertos de los Estados miembros de la Comunidad y que salgan de éstos, fue incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1249/2003, de 3 de octubre, sobre modalidades de información exigibles a los buques mercantes que lleguen a los puertos españoles y que salgan de éstos.
 
La citada directiva imponía a los Estados miembros la aceptación de determinados formularios normalizados (formularios FAL), de conformidad con el Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional, hecho en Londres el 9 de abril de 1965, conocido como Convenio FAL 1965.
 
La Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre, sobre las formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros, deroga la Directiva 2002/6/CE y tiene como objetivo fundamental la simplificación de las formalidades relativas a la información exigidas por la normativa comunitaria europea y por la de los propios Estados miembros. Todo ello sin imponer nuevas obligaciones de información a los buques que no estuvieran ya obligados en virtud de la normativa aplicable de dichos Estados.
 
La simplificación se llevará a cabo mediante la utilización del formato electrónico para la presentación de las formalidades informativas exigidas a los buques mercantes que entren o salgan de los puertos de los Estados miembros. Los datos requeridos se presentarán de un sola vez a través de una ventanilla única, que conectará entre sí los sistemas electrónicos SafeSeaNet, e-Customs y otros, y permitirá su puesta a disposición de los órganos y entidades competentes de cada Estado miembro, de los restantes Estados miembros y, en su caso, de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA).
 
Para lograr los objetivos anteriores es necesario que los Estados miembros establezcan mecanismos de armonización y promuevan la cooperación entre las diferentes autoridades competentes.
 
Mediante este real decreto se verifica la incorporación al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2010/65/UE y se deroga el Real Decreto 1249/2003, de 3 de octubre, que es la norma actualmente en vigor.
 
La transposición mediante real decreto se lleva a cabo en virtud de la habilitación legal derivada de la aplicación de los artículo 6, 7, 269 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
 
Fuente: BOE

REAL DECRETO 201/2012, 23 DE ENERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 210/2004, DE 6 DE FEBRERO POR EL QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁFICO MARÍTIMO

La Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002,relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo tenía como finalidad establecer un sistema de control de la navegación marítima en el ámbito de la Unión Europea que compatibilizase la libertad de navegación con la protección de la seguridad marítima y la preservación del medio ambiente marino.

La transposición de la Directiva 2002/59/CE se verificó por normas de rango legal y reglamentario. La incorporación reglamentaria se llevó a cabo mediante el
Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo.

Con fecha 23 de abril de 2009 se aprobó la Directiva 2009/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modificaba la Directiva 2002/59/CE, que fundamentalmente pretendía la implantación y la utilización de los avances técnicos que se han venido produciendo para lograr más eficazmente los objetivos planteados por la Directiva 2002/59/CE. Esta última directiva también fue incorporada al ordenamiento jurídico interno español por normas de rango legal y reglamentario. En lo que atañe al aspecto reglamentario, mediante la aprobación del Real Decreto 1593/2010, de 26 de noviembre, de modificación del Real Decreto 210/2004.

Finalmente, el 23 de febrero de 2011 se aprobó la Directiva 2011/15/UE de laComisión, por la que se modifica una vez más la Directiva 2002/59/CE delParlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguridad y de información sobre el tráfico marítimo.

La Directiva 2011/15/UE modifica las referencias a la Resolución MSC.150 (77) de la Organización Marítima Internacional (OMI), que ha sido derogada por la Resolución MSC.286 (86) de la citada organización, por lo que deben actualizarse las referencias y sustituirse unas referencias por otras.

Asimismo, sustituye los anexos II y IV. Los cambios que se producen medianteesta sustitución son, en algunos casos, meras precisiones, existiendo incluso ciertos aspectos, como la utilización por los buques pesqueros de los sistemas de identificación automática (SIA), que no experimentan variación alguna.

Las novedades que supone el cambio de los anexos II y IV, afectan a laactualización de las prescripciones relativas a la instalación a bordo de los buques de los sistemas de identificación automática (SIA) y del registrador de datos de la travesía (RDT), adaptándolas a las enmiendas introducidas por el Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en la mar (SOLAS).

También, se refieren a la implantación, para ciertas categorías de buques, de los RDT simplificados, aprobados por la OMI, así como la determinación del alcance de las exenciones a las que pueden acogerse los buques de pasajepequeños en trayectos cortos.

Por último, se produce la especificación de un modo más preciso de cuáles son las competencias de intervención de los Estados miembros tras un accidente en el mar.

Este Real Decreto tiene como finalidad incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2011/15/UE de la Comisión.

Fuente: BOE