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Novedades

LABORAL Y SEG. SOCIAL

ENFERMEDADES PROFESIONALES

El Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, modifica el anexo I del Real Decreto 1299/2006 por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, con el objeto de incorporar en el mismo el cáncer de pulmón en trabajos expuestos a la inhalación de polvo de sílice.

Fuente: BOE

COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL 2018

Determinación de la base de cotización.
1.- Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las
contingencias comunes en el Régimen General, se aplicarán las siguientes normas:
Primera.
Se computará la remuneración devengada en el mes a que se refiere la
cotización.
Segunda.
A la remuneración computada conforme a la norma anterior se añadirá la
parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias establecidas y de aquellos otrosconceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del ejercicio económico del año 2018. A tal efecto, el importe anual estimado de dichas gratificaciones extraordinarias y demás conceptos retributivos se dividirá por 365, y el cociente que resulte se multiplicarápor el número de días que comprenda el período de cotización de cada mes. En el caso de que la remuneración que corresponda al trabajador tenga carácter mensual, el indicado importe anual se dividirá por 12.
Tercera.
Si la base de cotización que resulte de acuerdo con las normas anteriores
no estuviese comprendida entre la cuantía de la base mínima y de la máxima
correspondiente al grupo de cotización de la categoría profesional del trabajador, conforme a la tabla establecida en el artículo 3, se cotizará por la base mínima o máxima, según que la resultante sea inferior a aquella o superior a esta. La indicada base mínima será de aplicación cualquiera que fuese el número de horas trabajadas diariamente, excepto en aquellos supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario.
2. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán las normas primera y segunda del apartado anterior. La cantidad que así resulte no podrá ser superior al tope máximo ni inferior al tope mínimo correspondiente, previstos a continuación, cualquiera que sea el número de horas trabajadas diariamente, excepto en aquellos supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario.

Topes máximo y mínimo de cotización.
1. El tope máximo de la base de cotización al Régimen General será, a partir de 1 de
enero de 2018, de 3.751,20 euros mensuales.
2. A partir de la fecha indicada en el apartado 1, el tope mínimo de cotización para las
contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional será equivalente al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementado por el prorrateo de las percepciones de vencimiento superior al mensual que perciba el trabajador, sin que pueda ser inferior a 858,60 euros mensuales.

Bases máximas y mínimas de cotización.
Durante el año 2018, la cotización al Régimen General por contingencias comunes
estará limitada para cada grupo de categorías profesionales por las bases mínimas y
máximas siguientes:

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores
...........................................
1.199,10
3.751,20

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados
...........................
994,20
3.751,20

3 Jefes Administrativos y de Taller
..........................................
864,90
3.751,20

4 Ayudantes no Titulados
.................................................
858,60
3.751,20

5 Oficiales Administrativos
.................................................
858,60
3.751,20

6 Subalternos
..........................................................
858,60
3.751,20

7 Auxiliares Administrativos
................................................
858,60
3.751,20
8 Oficiales de primera y segunda
...........................................
28,62
125,04

9 Oficiales de tercera y Especialistas
........................................
28,62
125,04

10 Peones
..............................................................
28,62
125,04

11 Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional
...
28,62
125,04

A partir de 1 de enero de 2018, los tipos de cotización al Régimen General serán los
siguientes:
a) Para las contingencias comunes, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento
será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
b)Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se
aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
.
Cotización adicional por horas extraordinarias.
La remuneración que obtengan los trabajadores por el concepto de horas
extraordinarias queda sujeta a una cotización adicional, que no será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones.
La cotización adicional por las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor se
efectuará aplicando el tipo del 14,00 por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo del trabajador.
La cotización adicional por las horas extraordinarias que no tengan la consideración
referida en el párrafo anterior se efectuará aplicando el tipo del 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.

Cotización durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el
embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad y paternidad, y en los casos
de compatibilidad del subsidio por maternidad o paternidad con períodos de descanso
en régimen de jornada a tiempo parcial.
1. La obligación de cotizar permanece durante las situaciones de incapacidad
temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y de disfrute delos períodos de descanso por maternidad o paternidad, aunque éstos supongan una causade suspensión de la relación laboral.
2. En las situaciones señaladas en el apartado anterior, la base de cotización
aplicable para las contingencias comunes será la correspondiente al mes anterior al de lafecha de la incapacidad, de las situaciones de riesgo durante el embarazo o de riesgodurante la lactancia natural, o del inicio del disfrute de los períodos de descanso pormaternidad o por paternidad.
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:
Primera.
En el supuesto de remuneración que se satisfaga con carácter diario, hubiere o no permanecido en alta en la empresa el trabajador durante todo el mes natural
anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiera la cotización. El cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por el número de días en que el trabajador permanezca en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por maternidad o por paternidad para determinar la base de cotización durante dicha situación.
Segunda.
Cuando el trabajador tuviera remuneración mensual y hubiese permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior al de la iniciación de dichas  situaciones, la base de cotización de ese mes se dividirá por 30. Si no hubiera
permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiere la cotización. En ambos casos, el cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por 30 de permanecer todo el mes en la situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por maternidad o por paternidad, o por la diferencia existente entre dicha cifra y el número de días que realmente haya trabajado en dicho mes.
Tercera.
Cuando el trabajador hubiera ingresado en la empresa en el mismo mes en
que haya iniciado alguna de las situaciones a que se refiere este artículo, se aplicará a ese mes lo establecido en las reglas precedentes.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación para calcular la base de
cotización, a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el
embarazo, riesgo durante la lactancia natural y maternidad o paternidad. No obstante, y a fin de determinar la cotización que por el concepto de horas extraordinarias corresponde efectuar, se tendrá en cuenta el promedio de las efectivamente realizadas y cotizadas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de iniciación de dichas situaciones. A tal efecto, el número de horas realizadas se dividirá por 12 o 365, según que la remuneración del trabajador se satisfaga o no con carácter mensual.
4. Salvo en los supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario, en ningún caso la base de cotización por contingencias comunes, en las situaciones a que se refiere este artículo, podrá ser inferior a la base mínima vigente en cada momento correspondiente a la categoría profesional del trabajador. A tal efecto, el correspondiente subsidio se actualizará a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva base mínima de cotización.
5. En la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante
los periodos de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el tipo de cotización correspondiente a la respectiva actividad económica u ocupación en su caso, de conformidad con la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre.
6. Cuando se compatibilice la percepción del subsidio por maternidad o paternidad
con el disfrute de los períodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial, la
base de cotización vendrá determinada por los dos sumandos siguientes:
a) Base reguladora del subsidio, en proporción a la fracción de jornada
correspondiente al período de descanso.
b) Remuneraciones sujetas a cotización, en proporción a la jornada efectivamente
realizada.

Cotización en la situación de alta sin percibo de remuneración.
1. Cuando el trabajador permanezca en alta en el Régimen General de la Seguridad
Social y se mantenga la obligación de cotizar conforme a lo dispuesto en el artículo 144.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sin que perciba remuneración computable, se tomará como base de cotización la mínima correspondiente al grupo de su categoría profesional.
A efectos de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se tendrá en cuenta el tope mínimo de cotización establecido en el artículo 2.2 de esta orden.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a las situaciones
previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 27 de octubre
de 1992, por la que se dictan instrucciones en relación con la cotización al Régimen
General de la Seguridad Social de los funcionarios públicos incluidos en el campo de
aplicación de dicho régimen, durante las situaciones de licencia o permiso sin sueldo,
suspensión provisional de funciones, cumplimiento del servicio militar o de la prestación social sustitutoria y plazo posesorio por cambio de destino.

Base de cotización en la situación de desempleo protegido.
1. Durante la percepción de la prestación por desempleo por extinción de la relación
laboral, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar será la base reguladora de la prestación por desempleo, determinada según lo establecido en el artículo 270.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima por contingencias comunes prevista para cada categoría profesional, teniendo dicha base la consideración de base de contingencias comunes a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social.

Fuente:BOE

VENTAJAS DE LA NUEVA LEY DE AUTÓNOMOS

Entre las ventajas de la nueva Ley de Autónomos, se encuentran:

Se amplía a un año la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos o para aquellos que no lo fueron en los dos últimos años. Además, las bonificaciones de la tarifa plana se extienden hasta los 24 meses. Los seis siguientes a los 12 de tarifa plana de 50 euros, se bonifica al 50% y los últimos 6 al 30%. Asimismo, los emprendedores podrán optar de nuevo a esta tarifa plana pasados tres años desde que la disfrutaron si vuelven a reemprender.

A aquellos autónomos que trabajan desde casa se les proporcionaran ventajas para deducirse los gastos de suministros, como el agua, la luz y telefonía. Ahora esto es posible ya que habrá una deducción del 30%.

No sólo eso, en relación con las cotizaciones, los autónomos sólo pagarán desde el día efectivo en que se dan de alta o de baja en el Régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), y no todo el mes como hasta ahora. También podrán darse tres veces de alta y de baja en el mismo año, y cambiar hasta cuatro veces en el mismo año su base de cotización, en función de sus intereses e ingresos. Se devolverá el exceso de cotización de los trabajadores con pluriactividad sin que tengan que solicitarla y la cuota de los autónomos societarios ya no subirá automáticamente en función de lo que se eleve el salario mínimo interprofesional, sino que dependerá de lo que se determine en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En materia de conciliación y contratación, los autónomos que sean madres/padres estarán exentos de pagar cuota durante el periodo de baja por maternidad/paternidad, adopción, acogimiento, etcétera. Del mismo modo, se ha aprobado la exención del 100% de la cuota de autónomos durante un año para el cuidado de menores o dependientes y se facilita la contratación a los hijos discapacitados de los autónomos.

Finalmente, también son muy necesarias las ventajas y contemplación exhaustiva en materia de prevención de riesgos laborales. La ley antes solo contemplaba como reconocidos los accidentes que el perjudicado sufría en el desempeño de su trabajo. Sin embargo, es muy de agradecer que esta ley contemple y reconozca el accidente in itinere en ida o vuelta al puesto de trabajo.

Fuente: BOE

NUEVA LEY DE AUTONOMOS

Con la formación del nuevo Gobierno de España se inicia la tramitación de una nueva Ley de Autónomos, En esta ley, primera de la legislatura recién inaugurada, se va a incluir una reforma del régimen de autónomos (RETA) que afectará alrededor de 3,5 millones de estos trabajadores. Tanto por Ciudadanos como por el Partido Popular se espera que se admita a trámite y salga adelante. Sus principales puntos básicos son:

• Modular las multas por retrasos en el pago de las cuotas, de un 3 por ciento inicial al 20 por ciento que actualmente se aplica por el retraso llega a los 3 meses.
• Mayor flexibilidad para el cambio de la base de cotización.
• Adaptar el pago de cuotas al momento de alta y baja.
• Bonificaciones durante y después de las bajas por maternidad.
• Gastos de automóvil, suministro eléctrico y de agua sean deducibles en el IRPF.


Fuente: propia


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA ESTABLECE QUE LOS TRABAJADORES TEMPORALES TIENEN DERECHO A LA MISMA INDEMNIZACIÓN QUE LOS EMPLEADOS FIJOS

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 14 de septiembre de 2016 ha resuelto el litigio de una trabajadora que prestó servicios en el Ministerio de Defensa de España desde 2003, al amparo de varios contratos de interinidad, que no tienen derecho a indemnización, a diferencia de los contratos  temporales —por obra o servicio, eventuales y por circunstancias de la producción— para los que en la actualidad se establece una indemnización de 12 días.

Para el TJUE la legislación española es discriminatoria con los trabajadores temporales, al no reconocerle una indemnización equivalente a la de los trabajadores fijos por la extinción de su relación laboral.

En consecuencia exige a los Tribunales españoles que reconozcan a los trabajadores temporales una indemnización equivalente a la establecida para el despido por causas objetivas, es decir, de 20 días por año de servicio.


Fuente: TJUE

LA FALTA DE ENTREGA DE UNA COPIA DE LA CARTA DEL DESPIDO OBJETIVO A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES HACE QUE EL DESPIDO SEA IMPROCEDENTE

La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 10 de febrero de 2016 establece que, en la redacción del artículo 53.1 c) del ET, existe un error del legislador, pues la copia que ha de facilitarse a los representantes de los trabajadores no es la del preaviso, que no es en sí mismo una comunicación del despido, sino una parte del contenido de la comunicación del cese.

Por tanto, la exigencia de información a los representantes sindicales del artículo 53.1 c) del ET no se refiere realmente al preaviso, sino a la comunicación del despido. Se exige, por ello, la entrega a los representantes de una reproducción de la carta de despido que se ha entregado al trabajador.

Fuente: JURISPRUDENCIA

ACLARACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO IMPROCEDENTE CON RELACIÓN LABORAL ANTERIOR A LA REFORMA DE 2012

El Tribunal Supremo aclara el método de cálculo de la indemnización por despido improcedente de los trabajadores con relación laboral vigente con anterioridad a la reforma de 2012 y resuelve que, si el importe de la indemnización por despido improcedente de los trabajadores con relación laboral que resulte del periodo trabajado con anterioridad a 12 de febrero de 2012, a razón de 45 días de salario por año de servicio, supera el tope indemnizatorio de 720 días de salario, no se computará la indemnización que se pudiera haber generado a partir de dicha fecha.

Fuente: TS

NUEVA LEY DEL TRABAJO AUTÓNOMO

La Ley del Trabajo Autónomo cuenta con novedades en la llamada Tarifa Plana o en la posibilidad de capitalización del 100% del paro con independencia de la edad, entre otras. Entre las medidas más relevantes de esta ley, está la ampliación de la 'tarifa plana' para los autónomos, fijándose la cuantía de la cuota por contingencias comunes en 50 euros exactos durante seis meses.

Los autónomos que disfruten de este incentivo podrán contratar trabajadores sin perder este derecho, al tiempo que se extienden los supuestos de la 'tarifa plana' especialmente protegida a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género. Otra de las novedades es que se amplía, con independencia de la edad del solicitante, la posibilidad de que los parados capitalicen hasta el 100% de la prestación por desempleo para facilitar la inversión y los gastos iniciales de la apertura de un negocio (antes sólo se podía capitalizar el 60% de la prestación si el desempleado era mayor de 30 años).

Además, todos los autónomos podrán compatibilizar durante un máximo de nueve meses la prestación por desempleo con el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), posibilidad hasta ahora reservada únicamente a los menores de 30 años. Para favorecer la seguridad del emprendedor y facilitarle una segunda oportunidad, se amplía el plazo, desde los 24 hasta los 60 meses, para la reanudación de la prestación por desempleo una vez iniciada una actividad por cuenta propia a todos los trabajadores con derecho a prestación. La nueva Ley introduce la posibilidad de que los autónomos económicamente dependientes, aquellos que perciben al menos el 75% de sus ingresos de un único cliente o empresa, puedan contratar un trabajador en determinadas circunstancias para poder conciliar vida familiar y laboral.


Fuente: PROPIA

ORDEN ESS/41/2015, DE 12 DE ENERO, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN ESS/2518/2013, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULAN LOS ASPECTOS FORMATIVOS DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE, EN DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1529/2012, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA EL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE Y SE ESTABLECEN LAS BASES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL Y LA ORDEN TAS/718/2008, DE 7 DE MARZO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL REAL DECRETO 395/2007, DE 23 DE MARZO

El Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia establece en su artículo 109 que, en el plazo de un mes desde su entrada en vigor, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social modificará la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, para aumentar las cuantías máximas de las bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social dirigidas a financiar los costes de la formación inherente a dicho contrato, reguladas en al artículo 8 de la citada orden, siempre y cuando se contrate a un beneficiario de la Garantía Juvenil.

Asimismo, mediante esta modificación introducirá una bonificación adicional para financiar los costes derivados de la obligada tutorización de cada trabajador a través del contrato para la formación y el aprendizaje. Esto significa el establecimiento de nuevas medidas para el fomento del uso de los contratos para la formación y el aprendizaje, elevando la cuantía máxima de las bonificaciones inherentes a la actividad formativa cuando éstos sean celebrados con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Además, se recoge el compromiso de avanzar en la articulación de los mecanismos que incentiven que las empresas realicen el contrato para la formación y el aprendizaje, a través de la compensación de los costes inherentes a la formación, incluyendo los derivados de la necesaria tutorización del trabajador así como los de formación complementaria. La formación complementaria da respuesta tanto a las necesidades de las empresas como de los trabajadores y se establece que deberá formar parte del fichero de especialidades formativas y pasa ahora a ser objeto de financiación pública mediante bonificaciones con los mismos costes de formación establecidos para la formación acreditable.

Por otro lado, mediante esta norma se procede a modificar la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, a fin de introducir modificaciones en la misma que refuercen los principios de eficacia y eficiencia en el ámbito de la formación profesional para el empleo, recogiendo con carácter general la obligación de aportación de garantías en el supuesto de abono anticipado de las subvenciones concedidas, cuando así lo prevean las correspondientes convocatorias. El apartado 1 de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, habilita al Gobierno y a los titulares de todos los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de dispuesto en el mismo.

Asimismo, el artículo 24.1 y la disposición final segunda del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, habilitan a la persona titular del Ministerio de Empleo y Seguridad para su desarrollo. Finalmente, la disposición final segunda del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, habilita al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en la actualidad de Empleo y Seguridad Social, para dictar cuantas normas sean necesarias para su desarrollo y ejecución.

En el proceso de elaboración de esta orden han sido consultadas las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, ha emitido informe el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y han emitido informe la Abogacía del Estado en el Departamento y la Intervención Delegada de la Intervención General del Estado en el Servicio Público de Empleo Estatal.

Fuente: BOE

NUEVO PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR AL ESTADO SALARIOS DE TRAMITACIÓN

Ha sido publicado en el BOE el RD 418/2014, por el que se modifica el procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido, norma que fue aprobada por el Consejo de Ministros del 6 de junio de 2014.
El art. 57 ET contempló desde su redacción inicial la asunción por parte del Estado de determinados salarios de tramitación abonados por el empresario al trabajador en caso de retraso en su fijación por motivos que excedían de su voluntad. Concretamente y en la actualidad, por los devengados de más como consecuencia de dictarse sentencia reconociendo el despido improcedente transcurrido el plazo de noventa días hábiles desde la fecha de presentación de la demanda (teniendo en cuenta que dichos salarios se devengan únicamente si se opta por la readmisión, no por la indemnización).
Efectivamente, el empresario puede reclamar al Estado el abono de los salarios  de trámite contemplados en e art. 56.2 ET por el tiempo que exceda de esos noventa días, con determinadas condiciones y conforme al procedimiento que se ha modificado mediante el Real Decreto 418/2014.
Esta norma, que entrará en vigor mañana jueves, deroga el anterior de RD 924/1982L 20/2012, de 13 de julio).
Veamos cómo queda el nuevo proceso de reclamación a través de estas cuestiones que se nos plantean:
¿Por qué se modifica el procedimiento de reclamación al Estado de los salarios de tramitación?
La justificación tiene una doble vertiente:
1) Se ha modificado la normativa que afecta al mismo. Así:
  • La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, introdujo una preceptiva reclamación administrativa previa y reguló los motivos de suspensión del cómputo del plazo.
  • El RD-L 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, modificó el artículo 56.2 del Estatuto, quedando restringido el derecho al cobro de salarios de tramitación a los supuestos en que, declarado el despido como improcedente, se optase por la readmisión del trabajador.
  • El RD-L 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, modificó el artículo 57 del Estatuto, elevando de sesenta a noventa el número de días hábiles necesarios para que el empresario pueda reclamar del Estado el abono de los salarios de tramitación.
  • El RD 2725/1998, de 18 de diciembre, junto con el RD 942/2010, de 23 de julio modificaron la competencia para resolver este tipo de reclamaciones, que estaba atribuida inicialmente a las Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, y pasó a ser asumida por los Delegados del Gobierno, creándose en éstas las áreas funcionales de Trabajo y Asuntos Sociales que, en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, se organizarán en dependencias provinciales, integradas en la correspondiente Subdelegación del Gobierno.
2) La experiencia ha demostrado que el procedimiento de tramitación y resolución de estas reclamaciones es demasiado complejo e ineficaz, al intervenir en el mismo diversos órganos de distinto ámbito territorial: las Delegaciones de Gobierno, que resuelven, y el Ministerio de Justicia, que paga.
¿Qué regula en el Real Decreto?
El procedimiento sobre reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido (art. 1.1).
¿A qué supuestos se aplica?
A aquellos casos en que la sentencia del órgano jurisdiccional competente que por primera vez declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de noventa días hábiles desde que presentó la demanda (art. 1.2).
Una vez firme la sentencia y siempre que se opte por la readmisión del trabajador, se podrán reclamar al Estado los salarios de tramitación y las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a los que excedan del plazo indicado.
¿Quiénes pueden presentar la reclamación?
En principio, el empresario que ha readmitido al trabajador despedido con carácter improcedente y ha pagado los salarios de tramitación (art. 2).
Si aquél es insolvente, el trabajador despedido.
¿Qué órganos son competentes para su tramitación?
Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno instruyen el procedimiento hasta la emisión de la propuesta de resolución, que se trasladará a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, del Ministerio de Justicia (art. 3).
Dicha Dirección General es el órgano competente para resolver y proponer el pago de las obligaciones económicas derivadas del expediente.
¿En qué plazo puede presentarse?
En el plazo de un año a contar desde la firmeza de la sentencia (art. 4.1).
¿Cómo se inicia la reclamación?
Según el art. 4.2, el empresario o el trabajador en el supuesto de insolvencia provisional de aquél, pueden reclamar las cantidades correspondientes mediante escrito, que se presentará:
  • En los registros administrativos (art. 38.4 L 30/1992).
  • Mediante el registro electrónico habilitado al efecto.
En el escrito de reclamación debe indicarse el periodo considerado de salarios de tramitación a cargo del Estado y la cuantía en que se valoran los mismos.
¿Qué documentación hay que acompañar a la solicitud?
Según el art. 5 del RD 418/2014, la solicitud debe ir acompañada de:
  • Copia testimoniada de la demanda de despido, de la sentencia que declare su improcedencia y de la resolución judicial de readmisión del trabajador, o comparecencia al efecto.
  • Certificación de la Secretaría del órgano jurisdiccional o TSJ, haciendo constar la cronología del procedimiento y especificando el motivo de la suspensión o la no existencia de ésta.
En todo caso, deben figurar las fechas de: despido, presentación de la demanda, sentencia y notificación y firmeza de la misma.
  • Documentación que acredite fehacientemente el pago al trabajador de los salarios reclamados.
  • Certificación original de la TGSS sobre cuotas ingresadas por el trabajador despedido en el periodo comprendido entre la fecha del despido y la de la notificación de la sentencia.
  • Informe de vida laboral del trabajador. Si el empresario no puede obtenerlo, la correspondiente Área o Dependencia de Trabajo e Inmigración deberá solicitarlo de oficio.
  • Si se nombra un representante para la tramitación, poder notarial en que se haga constar expresamente el otorgamiento de dicho poder u otorgamiento de poder efectuado ante funcionario competente.
  • Si reclama el trabajador de una empresa declarada insolvente, copia testimoniada del auto de insolvencia provisional del empresario, expresando la fecha de su firmeza.
  • Si reclama el trabajador de una empresa en concurso de acreedores, certificado del administrador concursal en el que manifieste tener conocimiento de la reclamación del trabajador, el estado del procedimiento concursal, y que el trabajador no ha cobrado cantidad alguna de la masa del concurso.
¿Cómo se tramita y resuelve la solicitud?
Según los artículos 6, 7 y 8 del nuevo Real Decreto, la Delegación o Subdelegación del Gobierno emite propuesta de resolución dentro del plazo de quince días desde la entrada de la reclamación en el registro del órgano competente.
Se puede suspender el procedimiento, eso sí, si no hay constancia suficiente de la documentación presentada o durante el plazo para subsanación deficiencias de la solicitud.
Por último, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia adopta y notifica resolución, en el plazo de un mes desde que recibe la propuesta. Resolución que pone fin a la vía administrativa.
Si transcurre el referido plazo sin haberse notificado resolución, la misma se entiende desestimada.
¿Qué hacer si la solicitud es desestimada?
El interesado puede demandar ante el órgano jurisdiccional que conoció en la instancia del proceso de despido, conforme a lo establecido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (art. 8.2).
¿Qué normativa se aplica a los expedientes ya interpuestos al entrar en vigor el nuevo Real Decreto?
Se aplica la nueva normativa incluso a aquellos expedientes ya iniciados y pendientes de resolución definitiva. Es decir, con carácter retroactivo (Disp. Transitoria única).
Y a continuación, el Real Decreto hace dos puntualizaciones obvias, dado el rango superior de las normas a las que se refieren:
  • Que las reclamaciones de salarios de tramitación a cargo del Estado, referidas a sentencias que no fueran firmes a fecha 15 de julio de 2012, están sujetas al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (que modificó el plazo de 60 a 90 días).
  • Que en los supuestos en que el despido se produjo antes del 12 de febrero de 2012 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero), procede el reconocimiento de salarios de tramitación tanto en los casos de despido improcedente en que se opten por la readmisión como por la indemnización.

Fuente: Redacción Noticias Jurídicas