RAÚL GONZÁLEZ GALÁN ABOGADOS -                 "Hacia el valor de la excelencia..."
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MERCADO DE VALORES

FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial cuyo objetivo es mejorar los canales de financiación de las empresas, en especial, las pymes. Entre las novedades destaca la obligación de realizar un preaviso de tres meses a las Pymes que se vean afectadas por una reducción o cancelación de la financiación y la posibilidad de obtener un informe detallado sobre su posición financiera. Se establece, además, el régimen jurídico para las plataformas de internet que promueven la financiación participativa mediante préstamos o la emisión de acciones, obligaciones o participaciones de responsabilidad limitada. Se proporciona, así, un marco adecuado para el denominado "crowdfunding". Esta norma regula exclusivamente las operaciones de financiación participativa que busquen un rendimiento dinerario derivado de la financiación empresarial o de consumo, a diferencia de otros tipos de "crowdfunding" como son los vinculados al mecenazgo o la compraventa. Otra de las novedades es la relativa al Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Se flexibiliza el tránsito desde el MAB hacia la Bolsa de aquellas compañías cuyo desarrollo y crecimiento requiere la cotización en este mercado oficial y se establece un techo de capitalización de quinientos millones de euros para operar en el Mercado Alternativo Bursátil. En materia de supervisión de los sistemas multilaterales de negociación, se extiende la responsabilidad que tienen las rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, que en el caso del MAB es Bolsas y Mercados (BME) y se incrementa la labor de seguimiento que realiza la CNMV sobre estos mercados alternativos.

En otros ámbitos, el Proyecto de Ley refuerza la capacidad de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se le otorgan unas mayores facultades de supervisión, inspección y sanción, ante el incremento de la actividad en los mercados financieros. Se regula también el denominado "mistery-shopping" como mecanismo de colaboración con las funciones inspectoras de la CNMV y la publicación de la incoación de los expedientes sancionadores de manera motivada, cuando se genere un claro efecto positivo sobre la protección de los inversores o el funcionamiento de los mercados. Otro de los aspectos contemplados en la norma es la regulación de los establecimientos financieros de crédito (EFC) extendiendo a los EFC los baremos de supervisión y solvencia aplicables a los bancos. La norma también reforma el régimen jurídico de las titulizaciones con el objetivo de simplificarlas y hacerlas más transparentes, dotarlas de la adecuada calidad y reducir la dependencia de las agencias de calificación en lo que respecta a valores emitidos por fondos de titulización. Por último, el Proyecto de Ley incluye un régimen sancionador específico para las infracciones administrativas en el ámbito comercial.


Fuente: La Moncloa

REAL DECRETO 657/2013, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia articula la reorganización de los organismos supervisores independientes hasta ahora encargados de garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de competencia efectiva en los distintos mercados y sectores productivos en beneficio último de los consumidores y usuarios.Así, establece la integración de los organismos existentes en un único organismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se crea como un organismo público de los previstos por el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con la finalidad de dar adecuada respuesta a las funciones de supervisión regulatoria sectorial y de defensa de la competencia hasta ahora encomendadas a los siete organismos preexistentes.De esta forma, como ya se definía en la Ley, se conforma como una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, reconociéndole una especial autonomía orgánica y funcional en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines así como plena profesionalidad e independencia de las Administraciones Públicas y sometimiento a esta ley y al resto del ordenamiento jurídico.En esta línea, la Ley 3/2013, de 4 de junio, al mismo tiempo que sienta las bases legales del régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, establece que éstas serán desarrolladas, en relación con la estructura y funciones de la Comisión, mediante real decreto, mandato que se cumple con la aprobación del presente estatuto orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mientras que se deja el funcionamiento interno de la Comisión al reglamento de funcionamiento interno adoptado por el propio Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
 
A tenor de lo expuesto, el Estatuto Orgánico se vertebra sobre los objetivos y principios en los que se enmarca la Ley 3/2013, de 4 de junio. Como se desprende de la exposición de motivos de esta Ley, la reforma de los organismos reguladores encuentra su fundamento en una multiplicidad de factores. Por una parte, en el objetivo de alcanzar una supervisión más eficaz, bajo un prisma más coherente e integrado, con autoridades de supervisión ex ante y ex post menos estancas, permitiendo combinar el conocimiento y los instrumentos para mejorar la supervisión. Por otra parte, se pretende evitar un marco institucional demasiado complejo. En este sentido, se busca una simplificación orgánica que redunde en la eliminación de posibles duplicidades y, con ello, de quiebras en la seguridad jurídica e institucional.
 
A estos aspectos se han añadido otros de carácter más coyuntural que acrecentaban la necesidad de una revisión del marco institucional existente. De un lado, la escasez de recursos y el impulso de la austeridad en la Administración Pública, que ha derivado en la revisión de estructuras con el fin de aprovechar las economías de escala; de otro, la existencia de precedentes a nivel internacional, que muestran como se ha iniciado una tendencia en los países de nuestro entorno a la simplificación de estructuras en busca del alcance efectivo de los principios de eficacia y eficiencia con el objetivo último de mejorar la calidad de la supervisión y la seguridad jurídica, lo que redundará en un funcionamiento más eficiente de los mercados.
 
En esta línea, en el desarrollo de los aspectos relativos a la organización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ha buscado, en primer lugar, preservar y reforzar la independencia en la toma de decisiones, fundamental en el actuar del organismo, y su correlato en la autonomía y suficiencia en la gestión de los recursos, todo ello dando debida atención al principio de economía, que se deriva de la búsqueda de la austeridad en el uso de los medios adscritos al organismo, asegurando en todo caso los recursos necesarios para el ejercicio adecuado de sus funciones. Así se desprende del nuevo sistema de nombramiento de los miembros del Consejo de la Comisión, con una mayor involucración del Parlamento, del sistema de nombramiento de los Directores de Instrucción y del resto del personal directivo y del régimen presupuestario basado en la suficiencia de recursos.En cuanto al funcionamiento, se ha buscado que junto al principio de eficacia, que ya caracterizaba el actuar de los organismos preexistentes, tengan cabida los principios de eficiencia, racionalización, agilidad, objetividad y transparencia. Estos principios son los inspiradores del sistema de funcionamiento del Consejo en Pleno y en Salas y del sistema de atribución de asuntos que reserva al Pleno los más complejos donde es necesario unificar criterios para ofrecer una solución equilibrada e integral de los problemas de los mercados en beneficio del consumidor. Estos principios son también inspiradores de las disposiciones sobre transparencia y del régimen presupuestario y de personal.Hay que tener en cuenta que el funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ajustará a la normativa aplicable de la Unión Europea, en especial sobre los sectores de telecomunicaciones y energía, que busca el desarrollo de una mayor integración del Mercado Único de la Unión Europea. La Comisión contribuirá también al logro de estos objetivos a través del mantenimiento de una colaboración regular y periódica con otras autoridades de supervisión de la Unión Europea y con las propias agencias de cooperación de los reguladores europeos en materia de energía y de comunicaciones electrónicas.El presente real decreto consta de un artículo único que aprueba el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; cinco disposiciones adicionales, sobre diversos aspectos entre ellos, la referencia a sus sedes y a la posibilidad de que la Comisión pueda, sobre la base de un informe de funcionamiento, proponer cambios en la estructura que permitan mejorar en eficacia; siete disposiciones transitorias, sobre la subsistencia de órganos y unidades, vigencia transitoria de la normativa reglamentaria, continuidad de la tramitación de los procedimientos sustantivos, delegación de competencias y régimen de contratación, y otras transitorias para el ejercicio de determinadas funciones por parte de la Comisión; una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, relativas a la implantación de la contabilidad analítica, el dominio en internet y a la entrada en vigor del real decreto, insertándose a continuación el texto del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.El Estatuto Orgánico se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos incluye las disposiciones generales sobre la naturaleza, régimen jurídico, independencia y autonomía de gestión, objeto y coordinación y cooperación institucional. En particular, se prevé que, de conformidad con la normativa comunitaria o nacional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá la consideración de Autoridad Nacional de Competencia, Autoridad Nacional de Reglamentación y Autoridad Reguladora Nacional.En el capítulo segundo define la estructura orgánica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, especificando las funciones de los diferentes órganos. En particular, se detalla la composición y funcionamiento del Consejo. Asimismo, se especifican las funciones del Pleno y de las Salas. También se prevén los criterios que inciden sobre la composición de cada una de las Salas y su régimen de publicidad, así como los supuestos en los que cada una de ellas deberá- solicitar informe preceptivo de la otra. Finalmente, se determinan con mayor detalle las funciones y la estructura, hasta nivel de subdirección de las cuatro Direcciones de Instrucción.
 
El capítulo tercero se refiere al personal al servicio de la Comisión, distinguiendo entre personal funcionario y laboral y determinando los cargos que tienen la consideración de personal directivo.El capítulo cuarto desarrolla las previsiones contenidas en la Ley 3/2013 sobre contratación, patrimonio, presupuesto y control. Por último el capítulo quinto regula la función arbitral.
 
Fuente: BOE

REAL DECRETO 1336/2012, DE 21 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS REALES DECRETOS EN RELACIÓN CON LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EUROPEAS DE SUPERVISIÓN

El Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas normas financieras en relación con las facultades de las Autoridades Europeas de Supervisión, inició la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por la que se modifican las Directivas 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE y 2009/65/CE en relación con las facultades de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados).
 
La citada directiva forma parte del llamado paquete de supervisión, por el que se crearon las referidas autoridades europeas de supervisión, así como una autoridad de supervisión a nivel macroeconómico: la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). En particular, la directiva introduce modificaciones en las directivas sectoriales para integrar a estas autoridades en el marco europeo de cooperación entre supervisores y permitir que estas autoridades cumplan con las funciones establecidas en sus respectivos reglamentos.Este real decreto completa la transposición de la Directiva 2010/78/UE, de 24 de noviembre, con objeto de incorporar la obligación de colaboración, información y comunicación de las autoridades competentes, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con las autoridades europeas de supervisión correspondientes. De esta forma, se termina la adaptación del esquema nacional de supervisión a las obligaciones derivadas del derecho de la Unión Europea que establecen el citado marco europeo de supervisión provisto de aquellos instrumentos que se consideran imprescindibles para evitar la reproducción de prácticas financieras que estuvieron en el origen de la crisis económica.
 
Teniendo en cuenta estas premisas, este real decreto está integrado por siete artículos, cada uno de los cuales introduce modificaciones, en las líneas apuntadas anteriormente, en las normas siguientes: el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, aprobado por el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero; el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito; el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos; el Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero; el Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea; el Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras; y el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
 
El real decreto concluye con una disposición derogatoria, que contiene una cláusula de carácter general, y tres disposiciones finales. Como señala la disposición final primera, el real decreto se dicta de conformidad con los títulos competenciales recogidos en los artículos 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución Española. Por último, las disposiciones finales segunda y tercera contienen, respectivamente, la referencia a la incorporación del Derecho de la Unión Europea y la fecha de su entrada en vigor.La tramitación de este real decreto observó el periodo de audiencia pública y se recabaron los preceptivos informes, incluidos los de la CNMV y el Banco de España por ser éstas las autoridades competentes españolas que asumen la obligación de colaboración, información y comunicación con las Autoridades Europeas de Supervisión.
 
Fuente: BOE

ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, DE 15 DE FEBRERO DE 2012, POR EL QUE SE LEVANTA LA PROHIBICIÓN CAUTELAR DE CONSTITUIR O INCREMENTAR POSICIONES CORTAS NETAS SOBRE ACCIONES ESPAÑOLAS DEL SECTOR FINANCIERO

El acuerdo de la CNMV de fecha 15 de febrero de 2012, levanta, con efectos desde 16 de febrero de 2012, la prohibición cautelar de constituir o incrementar posiciones cortas netas sobre acciones o cuotas participativas españolas del sector financiero de fecha 11 de agosto de 2011, renovada el 25 de agosto y 28 de septiembre, al amparo del artículo 85.2 j) de la Ley 24/1988, de 28 de julio del Mercado de Valores.
 
Se recuerda que permanece vigente el acuerdo del Comité Ejecutivo de la CNMV de 27 de mayo de 2010, en relación a la comunicación de posiciones cortas. Dicho acuerdo se refiere a la obligación de comunicación de todas las posiciones cortas que alcancen o superen el 0,2% del capital (saldo o cuotas) admitido a negociación y también de todas aquéllas posiciones previamente comunicadas que se reduzcan por debajo de dicho porcentaje. Una vez comunicada una posición, deberá actualizarse mediante una nueva comunicación cada vez que se rebase o reduzca una décima de punto porcentual del capital emitido.
 
Fuente: CNMV