RAÚL GONZÁLEZ GALÁN ABOGADOS -                 "Hacia el valor de la excelencia..."
Novedades

TRIBUTARIO

BONIFICACIONES EN MADRID DE LAS DONACIONES Y SUCESIONES ENTRE HERMANOS O ENTRE TÍOS Y SOBRINOS

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el 5 de diciembre de 2018, la Ley de Medidas Fiscales en la Comunidad de Madrid, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2019.

La Ley contiene entre otras medidas una rebaja y ampliación de las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como una nueva bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para las transmisiones inter vivos y mortis causa de sujetos pasivos que sean colaterales de segundo o tercer grado por consanguineidad del causante incluidos en el Grupo III de parentesco.

La principal novedad es que, por primera vez, una Comunidad Autónoma bonifica las donaciones y sucesiones mortis causa entre hermanos (bonificación del 15%) o entre tíos y sobrinos (bonificación del 10%).

Fuente: COMUNIDAD DE MADRID

COMPLIANCE TRIBUTARIO

La norma de calidad UNE 19602, relativa al compliance tributario, se publicará en los próximos días y supondrá un punto de inflexión en la gestión del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas españolas, independientemente de su tamaño y sector de actividad.

Fuente: UNE

EL IMPUESTO DE LAS HIPOTECAS

El Tribunal Supremo ha acordado en una tensa y ajustada deliberación- con 15 votos a favor y 13 en contra -volver al criterio por el que el solicitante de un préstamo hipotecario es quien debe asumir el cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. 

La decisión supone tumbar la última sentencia de la sala de lo Contencioso del Alto Tribunal del pasado 18 de octubre, en la que se dictaminó en contra del criterio que lleva más de dos décadas en vigor al considerar que eran los bancos los que tenían la obligación de hacerse cargo de estos gastos disparando las críticas y las alarmas en el sector financiero por el temor a cargos multimillonarios en sus balances.

Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que modificará el último criterio del Tribunal Supremo mediante un Decreto-Ley para que el impuesto sea a cargo de los Bancos. Quedamos a la espera de su resultado.

Fuente: TS
 

IMPUESTO DE SOCIEDADES Y RENTA DE NO RESIDENTES. Modelos 200 y 220

La Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, aprueba los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.

Fuente: BOE

HACIENDA OBLIGARÁ A LAS PLATAFORMAS DE ALQUILER DE VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO A DAR MAYOR INFORMACIÓN

El Ministerio de Hacienda obligará a las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico, como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba, a enviar a la Agencia Tributaria a partir del próximo mes de julio la información relativa a los propietarios y los clientes, así como a presentar informes periódicos, con el objetivo de reforzar la vigilancia sobre el alquiler vacacional.

Fuente: Ministerio de Hacienda

SE REDUCEN LAS SANCIONES TRIBUTARIAS

Recientemente, el Tribunal Económico Administrativo Central ha emitido una resolución novedosa que remueve los cimientos del contencioso-tributario y supone un golpe a Hacienda por parte del TEAC, el tribunal administrativo que depende del Fisco.

La Ley General Tributaria señala que para aplicar la reducción de conformidad de una sanción tributaria (del 30%) se debe firmar, consecuentemente, acta en conformidad.

Sin embargo la resolución del TEAC admite la aplicación de dicha reducción en determinados supuestos en que se ha firmado el acta en disconformidad si finalmente la liquidación no se ha recurrido. Así, el TEAC aplica una interpretación finalista y no literal de la norma a pesar de que ello perjudique a Hacienda.

Fuente: TEAC

POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA AMNISTÍA FISCAL 2012

El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia (STC 73/2017, de 8 de junio) en la que explica primero el contenido de la “amnistía fiscal” que fue aprobada a través de la figura del Decreto-Ley, norma con rango de ley que, excepcional y provisionalmente, puede aprobar el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. En resumen, la sentencia expone que en virtud de este mecanismo se permitía a los contribuyentes del IRPF, el Impuesto de Sociedades (IS) y el Impuesto sobre la Renta delos No Residentes (IRNR), regularizar su situación tributaria, declarando bienes que no habían declarado antes, ingresando solo el 10 % de su precio de adquisición, sin sanciones, intereses ni recargos.
En el marco expuesto, la STC examina ya si la amnistía fiscal regulada en el Decreto-Ley recurrido, afecta en el sentido indicado, al deber de todos de contribuir. Para ello, se refiere primero a la naturaleza de los tributos afectados que son, como se ha dicho el IRPF, IS e IRNR.  Dice la STC que: “cualquier alteración sustancial en la configuración de los elementos esenciales del IRPF podría alterar el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de las personas físicas que manifiesten una capacidad económica susceptible de gravamen”.También se razona sobre la importancia, tanto del IS como del IRNR. A continuación, la STC dice que, para medir el grado de afección al deber de contribuir, se han de valorar los elementos del tributo alterados por la regulación impugnada. Concluye que, al sustituirse los tipos de gravamen, sanciones, intereses etc, normalmente aplicables, por una obligación de pago del 10% del precio de adquisición, se produce “una condonación parcial de la obligación tributaria principal y una condonación total de las consecuencias accesorias”. Finalmente, también para medir la afección al deber de contribuir, se considera el alcance de la regulación,reiterando que ésta permite regularizar las rentas a tipo reducido, sin sanciones ni recargos y, además, convierte las cantidades regularizadas en renta declarada a todos los efectos.
Considerando todo lo dicho, citando el precedente de la STC 189/2005 (referida a modificaciones en el régimen tributario de los incrementos y disminuciones patrimoniales en el IRPF llevadas a cabo también  por un Decreto-Ley) el Tribunal dice que, en este caso, la regulación de la amnistía fiscal “ha incidido directa y sustancialmente en la determinación de la carga tributaria que afecta a toda clase de personas y entidades” por lo que “ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE, al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes, en unos términos que resultan prohibidos por el art. 86.1 CE”.
El Tribunal considera pues “evidente” que la llamada “amnistía fiscal” no pudo aprobarse por un Decreto-Ley, por impedirlo el art. 86.1 CE lo que, se dice, hace innecesario examinar otras lesiones alegadas como las de los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Finalmente, la Sentencia declara “no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/20 12 las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas a su amparo, por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica del art. 9 .3 CE (por todas, STC 189/2005, FJ 9)”.

Fuente: Tribunal Constitucional

RECLAMACION DEL IMPUESTO DE PLUSVALIA MUNICIPAL

El pasado 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional, ha declarado inconstitucional el cobro de la plusvalía municipal cuando la venta de la vivienda se haya realizado por valor inferior al de compra.

Nuestra Ley de Haciendas Locales en su artículo 104 establece que este impuesto grava el incremento de valor que experimenten los inmuebles, que se pone de manifiesto a consecuencia de su transmisión. Sin embargo, en la práctica esto no es así, ya que el ayuntamiento en el que está situado el inmueble tiene en cuenta el valor catastral del suelo y el número de años que hayamos tenido el bien y lo multiplica por un coeficiente, de forma que el resultado ha sido hasta ahora siempre a pagar.

La citada sentencia declara inconstitucional una norma foral que regula la plusvalía, copia de la normativa estatal en la materia, que se verá afectada, al establecer que el impuesto es nulo “en la medida en que someta a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo que los sujetos pasivos puedan acreditar esta circunstancia”.

Lo que ha sido declarado inconstitucional es la aplicación de la plusvalía a determinados casos, que son aquellos en los que el inmueble no ha experimentado un incremento de valor con ocasión de su transmisión. Esta circunstancia se ha producido en aquellas transmisiones que, con motivo de la crisis, se han producido en los últimos años, en las que el valor de venta ha sido inferior al valor de compra. También en las daciones de pago o ejecuciones de hipoteca, ya que el valor de transmisión del inmueble suele bajar de forma sustancial.

Si bien para los casos de dación en pago o ejecución hipotecaria ya se había establecido una exención del pago de ese impuesto en el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, no beneficia a todos los inmuebles. Segundas viviendas, locales, oficinas… han debido pagar el impuesto, aunque la transmisión se haya producido por no pagar la hipoteca, ya que el Real Decreto ampara a la vivienda habitual y no en todos los casos.

También hay que tener en cuenta que unicamente se puede reclamar la devolución de lo pagado por este impuesto si la transmisión se ha producido en los últimos 4 años. Si es anterior, estaría prescrito.

Por último, en los casos de herencia o donación, hay que tener en cuenta las mismas reglas que si se produce una compraventa a los efectos del referido impuesto.

Fuente: TC

SI SE OPERA DESDE PARAÍSOS FISCALES, NO SE PODRÁ OBTENER NINGUNA VENTAJA FISCAL, COMO LA EXENCIÓN POR REPATRIACIÓN DE DIVIDENDOS, AL IGUAL QUE OCURRÍA ANTES DE LA REFORMA TRIBUTARIA

La Agencia Tributaria ha asegurado recientemente que si se opera desde paraísos fiscales, no se podrá obtener ninguna ventaja fiscal, como la exención por repatriación de dividendos, al igual que ocurría antes de la reforma tributaria.

Añade que no es cierto que la reforma tributaria modificara ninguna norma al respecto, y detalla que lo que sí hizo fue introducir un cambio con el fin de equiparar el trato fiscal de las participaciones de entidades residentes y las no residentes.
Concretamente, se eximió a las empresas residentes de tributar por los dividendos que obtengan de sus filiales en el extranjero y por las plusvalías si las venden, siempre que esas compañías tengan más del 5% del capital de sus filiales o hayan invertido más de 20 millones en ellas. Antes de la reforma fiscal, esta exención la disfrutaban solo las empresas no residentes.

Este cambio, operado para equiparar el trato fiscal de empresas residentes y no residentes, mantiene, no obstante, la penalización si esas empresas están afincadas en un paraíso fiscal desde donde realicen actividades 'offshore'.

Fuente. AEAT

LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS ESTAN EXENTAS DEL PAGO DEL IBI

La Sala III del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del ayuntamiento de La Coruña que pretendía cobrar el IBI por un local arrendado por la Fundación Pedro Barrié de la Maza Conde de Fenosa al Banco Pastor, y ratifica la decisión del TSX de Galicia de anular de las liquidaciones por dicho impuesto de los años 2011 y 2012.

El Supremo recuerda que el artículo 15.1 de la Ley 49/2002, que regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, señala: ”Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades”.Añade que el arrendamiento de inmuebles está excluido como explotación económica, siendo irrelevante la actividad que un tercero desarrolle en los inmuebles arrendados por la Fundación (en este caso un banco), sólo estando obligada al pago cuando en ellos realice por cuenta propia una actividad económica no exenta del impuesto sobre sociedades.

Fuente: Tribunal Supremo