RAÚL GONZÁLEZ GALÁN ABOGADOS -                 "Hacia el valor de la excelencia..."
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TRIBUTARIO

EL TRIBUNAL SUPREMO AVALA QUE HACIENDA ABRA EXPEDIENTE SANCIONADOR ANTES DE CONFIRMAR LA INFRACCIÓN TRIBUTARIA

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS) acaba de hacer pública una sentencia muy esperada, de 23 de julio de 2020, en la que declara que es posible iniciar un expediente sancionador a un contribuyente antes de que se le notifique la liquidación del impuesto tras la inspección tributaria.

En las "infracciones que causan perjuicio para la recaudación" puede aceptarse "la máxima de que sin liquidación no hay sanción, pero no la de que sin liquidación no puede haber inicio del procedimiento tributario sancionador”.

Fuente: Tribunal Supremo

NUEVO CRITERIO DEL TEAC SOBRE QUE LAS COSTAS PROCESALES SÓLO TRIBUTAN EN EL IRPF POR EL EXCESO SOBRE LOS GASTOS DEL PLEITO

El nuevo criterio del TEAC afirma que, conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para la determinación de la ganancia patrimonial que puede suponer para el vencedor del pleito la condena a costas judiciales a la parte contraria, el litigante vencedor podrá deducir del importe que reciba en concepto de costas los gastos en que haya incurrido con motivo del pleito, importe deducible que podrá alcanzar como máximo el importe que reciba, sin superarlo; con lo que, si se le resarcen todos los gastos calificablesde costas, en puridad no habrá tenido ganancia patrimonial alguna.

Fuente: TEAC

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN E INGRESO DE DETERMINADAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Ha entrado en vigor, tras su publicación en BOE, el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril,en virtud del cual, el Gobierno aprueba laextensión de los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo vencimiento se produzca a partir del 15 de abril y hasta el 20 de mayo.

Esta moratoria para la presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias correspondientes al primer trimestre (1T) de 2020,sólo afecta a aquellas que corresponda presentar en el ámbito estatal y cuya gestión corresponda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El ámbito de aplicación de esta ampliación de plazo, se limita exclusivamente a aquellos obligados tributarios con un
volumen de operaciones a efectos del IVA no superior a 600.000 euros en el año 2019.Es oportuno recordar que, a estos efectos, se entenderá por volumen de operaciones, el importe total, excluido el IVA.

Fuente: BOE

BONIFICACIONES EN MADRID DE LAS DONACIONES Y SUCESIONES ENTRE HERMANOS O ENTRE TÍOS Y SOBRINOS

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el 5 de diciembre de 2018, la Ley de Medidas Fiscales en la Comunidad de Madrid, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2019.

La Ley contiene entre otras medidas una rebaja y ampliación de las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como una nueva bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para las transmisiones inter vivos y mortis causa de sujetos pasivos que sean colaterales de segundo o tercer grado por consanguineidad del causante incluidos en el Grupo III de parentesco.

La principal novedad es que, por primera vez, una Comunidad Autónoma bonifica las donaciones y sucesiones mortis causa entre hermanos (bonificación del 15%) o entre tíos y sobrinos (bonificación del 10%).

Fuente: COMUNIDAD DE MADRID

COMPLIANCE TRIBUTARIO

La norma de calidad UNE 19602, relativa al compliance tributario, se publicará en los próximos días y supondrá un punto de inflexión en la gestión del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas españolas, independientemente de su tamaño y sector de actividad.

Fuente: UNE

EL IMPUESTO DE LAS HIPOTECAS

El Tribunal Supremo ha acordado en una tensa y ajustada deliberación- con 15 votos a favor y 13 en contra -volver al criterio por el que el solicitante de un préstamo hipotecario es quien debe asumir el cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. 

La decisión supone tumbar la última sentencia de la sala de lo Contencioso del Alto Tribunal del pasado 18 de octubre, en la que se dictaminó en contra del criterio que lleva más de dos décadas en vigor al considerar que eran los bancos los que tenían la obligación de hacerse cargo de estos gastos disparando las críticas y las alarmas en el sector financiero por el temor a cargos multimillonarios en sus balances.

Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que modificará el último criterio del Tribunal Supremo mediante un Decreto-Ley para que el impuesto sea a cargo de los Bancos. Quedamos a la espera de su resultado.

Fuente: TS
 

IMPUESTO DE SOCIEDADES Y RENTA DE NO RESIDENTES. Modelos 200 y 220

La Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, aprueba los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.

Fuente: BOE

HACIENDA OBLIGARÁ A LAS PLATAFORMAS DE ALQUILER DE VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO A DAR MAYOR INFORMACIÓN

El Ministerio de Hacienda obligará a las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico, como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba, a enviar a la Agencia Tributaria a partir del próximo mes de julio la información relativa a los propietarios y los clientes, así como a presentar informes periódicos, con el objetivo de reforzar la vigilancia sobre el alquiler vacacional.

Fuente: Ministerio de Hacienda

SE REDUCEN LAS SANCIONES TRIBUTARIAS

Recientemente, el Tribunal Económico Administrativo Central ha emitido una resolución novedosa que remueve los cimientos del contencioso-tributario y supone un golpe a Hacienda por parte del TEAC, el tribunal administrativo que depende del Fisco.

La Ley General Tributaria señala que para aplicar la reducción de conformidad de una sanción tributaria (del 30%) se debe firmar, consecuentemente, acta en conformidad.

Sin embargo la resolución del TEAC admite la aplicación de dicha reducción en determinados supuestos en que se ha firmado el acta en disconformidad si finalmente la liquidación no se ha recurrido. Así, el TEAC aplica una interpretación finalista y no literal de la norma a pesar de que ello perjudique a Hacienda.

Fuente: TEAC

POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA AMNISTÍA FISCAL 2012

El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia (STC 73/2017, de 8 de junio) en la que explica primero el contenido de la “amnistía fiscal” que fue aprobada a través de la figura del Decreto-Ley, norma con rango de ley que, excepcional y provisionalmente, puede aprobar el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. En resumen, la sentencia expone que en virtud de este mecanismo se permitía a los contribuyentes del IRPF, el Impuesto de Sociedades (IS) y el Impuesto sobre la Renta delos No Residentes (IRNR), regularizar su situación tributaria, declarando bienes que no habían declarado antes, ingresando solo el 10 % de su precio de adquisición, sin sanciones, intereses ni recargos.
En el marco expuesto, la STC examina ya si la amnistía fiscal regulada en el Decreto-Ley recurrido, afecta en el sentido indicado, al deber de todos de contribuir. Para ello, se refiere primero a la naturaleza de los tributos afectados que son, como se ha dicho el IRPF, IS e IRNR.  Dice la STC que: “cualquier alteración sustancial en la configuración de los elementos esenciales del IRPF podría alterar el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de las personas físicas que manifiesten una capacidad económica susceptible de gravamen”.También se razona sobre la importancia, tanto del IS como del IRNR. A continuación, la STC dice que, para medir el grado de afección al deber de contribuir, se han de valorar los elementos del tributo alterados por la regulación impugnada. Concluye que, al sustituirse los tipos de gravamen, sanciones, intereses etc, normalmente aplicables, por una obligación de pago del 10% del precio de adquisición, se produce “una condonación parcial de la obligación tributaria principal y una condonación total de las consecuencias accesorias”. Finalmente, también para medir la afección al deber de contribuir, se considera el alcance de la regulación,reiterando que ésta permite regularizar las rentas a tipo reducido, sin sanciones ni recargos y, además, convierte las cantidades regularizadas en renta declarada a todos los efectos.
Considerando todo lo dicho, citando el precedente de la STC 189/2005 (referida a modificaciones en el régimen tributario de los incrementos y disminuciones patrimoniales en el IRPF llevadas a cabo también  por un Decreto-Ley) el Tribunal dice que, en este caso, la regulación de la amnistía fiscal “ha incidido directa y sustancialmente en la determinación de la carga tributaria que afecta a toda clase de personas y entidades” por lo que “ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE, al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes, en unos términos que resultan prohibidos por el art. 86.1 CE”.
El Tribunal considera pues “evidente” que la llamada “amnistía fiscal” no pudo aprobarse por un Decreto-Ley, por impedirlo el art. 86.1 CE lo que, se dice, hace innecesario examinar otras lesiones alegadas como las de los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Finalmente, la Sentencia declara “no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/20 12 las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas a su amparo, por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica del art. 9 .3 CE (por todas, STC 189/2005, FJ 9)”.

Fuente: Tribunal Constitucional